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En las últimas horas, una carta documento ingresó a la Justicia tucumana que pone luz, sobre la oscura conspiración que se estaría produciendo en lo más alto del Poder Judicial local. Y es que la protección a un legislador oficialista y ex intendente acusado de graves hecho de corrupción podría desembocar en una crisis sin precedentes en la Justicia de esta provincia, en una ola que podría llevarse puestos a varios magistrados.
En ese marco, por medio de una carta documento, el denunciante de la causa, procedió a intimar a los integrantes de la Sala III Conclusional Penal, integrada por los Dres. Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Aldo Salomón Romagnoli, a razón de que tenga de una vez por todas procedan a fijar fecha de debate oral y público en la causa penal caratulada “Yapura Astorga Manuel Jorge y otros S/peculado y otros delitos”.
Y es que tal parece que Enriquecimiento Ilícito, Coautor De Los Delitos De Incumplimiento De Los Deberes De Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita, no parecieran ser delitos que conmuevan a los integrantes de la más que polémica y vergonzante Sala III Penal Conclusional.
En ese sentido, está claro que la inacción en la causa por corrupción de Yapura Astorga podría ser pasible de llevarse puestos a varios jueces, debido a que deberían ser investigados. Si para muestra basta un botón, cabe recordar que todo comenzó el lunes de la semana pasada cuando se denunció penalmente, el 25 de octubre, nada menos que a la presidenta de la Corte Suprema de Tucumán, Claudia Sbdar.
Mientras que ahora, una semana después, pareciera que el denunciante continuará con los magistrados del tribunal, a causa de negarse los magistrados que la integran a fijar de una vez por todas la correspondiente fecha de juicio oral y público contra el ex intendente de Tafí del Valle, junto con otros siete coimputados de su entorno más íntimo, quienes tendrán que rendirle cuentas a la Justicia en algún momento.
Tal es el caso de su ex concubina, Nerina Julieta Mustafá, de su hijo, Jorge Eduardo Yapura Astorga, su primo y ex Director Jurídico de la Municipalidad de Tafí del Valle, el abogado Sergio Andrés Astorga, la ex secretaria de gobierno de la Municipalidad de Tafí del Valle y actual presidenta del Concejo Deliberante tafinisto, Sonia del Carmen Saavedra; el ex jefe de compras de esta misma entidad, Juan Ramón Silva; el ex Contador General de ese municipio, Julio Antonio Mercado y el ex Tesorero, Oscar Olayo Medina.
La inacción de los magistrados en el marco de una causa tan importante bien vale el inicio de las acciones penales y otras que pudieran corresponder, así como con el pedido de “formación de jurado de enjuiciamiento por las causales de “mal desempeño” y “violación de los deberes de funcionario público”. De esta manera, estarían incursos en los mismos delitos por la que fue denunciada penalmente Claudia Sbdar.
Es por ello que a esta altura de los acontecimientos cabe preguntarse si vale la pena que la Justicia de Tucumán se exponga a perder la poca credibilidad que todavía le queda sólo por el hecho de intentar proteger a un procesado legislador acusado por corrupción, como es el caso de Jorge Yapura Astorga. Y es que resulta inaudito que una causa por corrupción consiga llevarse arrastrados a varios jueces que estarían protegiendo al ex intendente de Tafí del Valle.
En ese marco, cabe preguntarse: ¿Acaso no revisten la suficiente gravedad como para que la Justicia haga algo? Al respecto, todo parecería indicar que la Justicia provincial estaría protegiendo a este procesado por corrupción por medio de su silencio e inacción. Y es que siempre es lo mismo con este Poder Judicial tucumano, parecería darle impunidad a esta casta de políticos procesados, en este caso, mediante la protección al legislador oficialista.
En definitiva, la carta documento enviada a la Sala III Conclusional Penal podría convertirse en una gran bola de nieve que se lleve puestos a los magistrados que la integran como así también a la cabeza del Poder Judicial local que encarna Claudia Sbdar, luego de que se conociera la denuncia penal en su contra. Ahora, la pelota está del lado de quienes deberán decidir si vale la pena que sus puestos se vean amenazados sólo por el hecho de proteger a un legislador acusado por corrupción.
