Congelamiento de precios: el Gobierno reconoce que hay faltantes en las góndolas

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Las inspecciones oficiales, mostraron problemas de abastecimiento en el 20 por ciento de los casos, según estimó la Secretaría de Comercio Interior.

La evaluación inicial que hizo la Secretaría de Comercio Interior sobre los primeros dos meses de congelamiento de 1.432 productos hasta el 7 de enero arrojó como conclusión que en casi todos los casos los supermercados tienen en sus góndolas los precios que impuso el programa de control pero que en el 20 por ciento de las inspecciones hubo faltantes de productos.

El Gobierno lleva adelante unas 300 inspecciones por semana en supermercados y autoservicios de todo el país. Apunta principalmente a controlar cómo se lleva adelante el congelamiento de precios en las grandes superficies comerciales, en las que resulta más “simple” coordinar la puesta en marcha de un programa de estas características, a diferencia de lo que sucede en los supermercados más chicos y comercios de cercanía.

De acuerdo a las últimas estimaciones oficiales hechas por Comercio Interior con fecha de corte a este lunes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires el nivel de cumplimiento del programa Más Precios Cuidados -como se lo dio a llamar desde que lo implementó por resolución el secretario Roberto Feletti- es alto respecto a los valores que muestra en góndolas la canasta incluida, pero detectaron un porcentaje mayor de faltantes.

En números concretos, en prácticamente el 99 por ciento de los casos analizados por los inspectores el precio estipulado en el programa se cumple, pero el porcentaje de casos con problemas de abastecimiento asciende al 20 por ciento, indicaron, aunque afirmaron que es un nivel aceptable. La posibilidad de faltantes en las góndolas había sido advertida, en los primeros días de implementado el programa, por el presidente de la Unión Industrial y de Copal, la central de empresas fabricantes de alimentos, Daniel Funes de Rioja, uno de los detractores de la medida.

Comercio Interior controla el cumplimiento de Más Precios Cuidados a través de dos vías, las inspecciones presenciales y un sistema interno de información por el cual los supermercados remiten a las autoridades del área los precios de venta de sus productos, con carácter de declaración jurada.

El Estado tiene, además, otra fuente de información con el Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica) en el que un grupo de grandes empresas presentan todos los meses datos sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock.

Otra cuestión que detectaron los técnicos de la Secretaría de Comercio Interior es que terminó el efecto de caída de precios que habían medido en los primeros días de implementado el congelamiento. Según su medición, en los primeros diez días el recorte de precios había sido de 7,6 por ciento, desde ese momento hasta el 5 de noviembre solo cayeron 0,1 por ciento y desde ese momento hasta este lunes los precios incluidos en el congelamiento no tuvieron cambios.

En ese contexto, la semana que viene convocará nuevamente a supermercados de cercanía como los chinos, a sus proveedores como son los mayoristas y a un grupo de fabricantes de alimentos para volver a discutir cómo llevar a cabo el congelamiento en un circuito comercial como el de ese sector, que es distinto al de las grandes cadenas. El nivel de cumplimiento del programa en las superficies comerciales más chicas es menor.

No es menor, por otra parte, el peso de este segmento comercial en el consumo. De acuerdo a estimaciones oficiales, solo el 35 por ciento de las ventas se realizan en las cadenas de supermercados grandes, y el resto tiene lugar en comercios de cercanía, por lo que el congelamiento perdería fuerza al tener un nivel de penetración menor en ese sector.

Desde Comercio Interior admitieron “tensión” con ese circuito comercial. Hace diez días Feletti se reunió con representantes del segmento para reclamar que el congelamiento también deberá incluirlos. Los supermercadistas, por su lado, pidieron que el Gobierno ponga en marcha algún mecanismo para que el impacto en su rentabilidad sea menor.

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