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Los endeudadores y fugadores seriales que se beneficiaron con el crédito del Fondo Monetario Internacional se perfilan como interlocutores privilegiados del apoyo que busca Alberto Fernández para renegociar la deuda con el organismo. Un sector hiperconcentrado y volcado al mercado externo que reclama dólar alto y salarios baratos. Un país que amenaza con seguir siendo para pocos.
La Argentina no es un país pobre. Es un país injusto. Si bien representa solo el 0,4 por ciento del PIB mundial es el décimo exportador de alimentos y, dentro de este rubro, el tercer productor mundial de soja, granos y derivados, como pellets, harinas, aceites y biocombustibles. En el complejo portuario de Rosario, con sus 31 terminales a lo largo de los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco a Timbúes, se embarcan anualmente al mundo más de 120 millones de toneladas de mercaderías agropecuarias y agroindustriales, de los cuales la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales despacharon en los primeros diez meses de este año 95 millones de toneladas e ingresaron divisas por unos 28 mil millones de dólares.
La explotación de las ventajas naturales incluye tanto al sector agrícola y ganadero como al minero. Se trata de actividades que en general tienen un bajo grado de elaboración, con lo que demandan poco trabajo y se apropian de rentas extraordinarias gracias al rendimiento natural de la tierra y los yacimientos.
Su contracara es la industria manufacturera. Tiene un peso relativo cada vez menor en el total del PIB. En este ámbito predomina la especialización en subsectores de menor calidad y variedad de producción. El valor agregado es bajo, tanto como la intensidad de conocimiento incorporada y la capacidad de innovación aprovechada. Se trata de subsectores que compiten, fundamentalmente, a través del precio del producto y del costo de la mano de obra. Una lógica que instala una particular presión sobre las relaciones de trabajo y la calidad del proceso laboral. En suma, sobre el nivel de los salarios.
En este contexto, la producción primaria de los sectores agropecuario y minero, la industria alimenticia y, especialmente, el complejo oleaginoso-cerealero, son las principales fuentes de divisas. Representan el 65 por ciento de las exportaciones, ventas al exterior que están concentrada en no más de 200 empresas, de las cuales muchas forman parte de un mismo grupo económico.
Es con este conglomerado concentrado, volcado al mercado externo, con el que un sector del Gobierno nacional pretende acordar. Debería ser la punta de lanza de la recuperación, según la lectura que predomina en algunos despachos ministeriales. Se trata de un sector donde predominan las transnacionales como ADM, Bunge, Cargill, Glencore y Dreyfus, entre otras; además de grupos locales, como Molinos Agro, ARCOR, Ledesma y Aceitera General Deheza, por citar algunos. El gobierno le dispensa un trato de interlocutor privilegiado. ¿Un ejemplo? El proyecto de ley que promueve el llamado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”. El objetivo: garantizarle a los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino estabilidad fiscal hasta 2025. Un título pomposo para una promesa sencilla: que no aumentarán los derechos de exportación. Así de simple.
El problema reside en que son esos sectores los mismos que mediante maniobras de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones generan fuga de divisas y, al mismo tiempo, se beneficiaron con la deuda externa tomada por el Estado nacional durante la dictadura militar y las presidencias Menem y Macri. Deuda que nunca se ha investigado y que cuando se lo hizo -como fue la investigación del juez Jorge Ballestero en base a la denuncia realizada por el economista Alejandro Olmos- reveló la existencia de al menos 477 delitos cometidos por funcionarios en beneficio de grupos concentrados. El fallo se conoció el 13 de julio de 2000. La investigación se había iniciado en octubre de 1982. Los delitos ya habían prescripto.
Paolo Rocca, al igual que el resto de los referentes de AEA, explicitó en varias ocasiones su reclamo por un dólar alto y salarios más bajos que en Brasil.
Esa fuga persistente de capitales explica la razones por las cuales Argentina ocupa el tercer lugar -luego de Rusia e Inglaterra- en el ránking de países con mayores fortunas personales en los paraísos fiscales. Nueve de las diez familias más acaudaladas del país figuran en los Pandora Papers, que recientemente revelaron la titularidad de esas tenencias.
La ignominia se hace más ignominiosa
En el país que es uno de los principales exportadores de alimentos y forrajes del mundo, cuatro de cada diez habitantes subsisten bajo la línea de pobreza, uno de cada diez no tiene trabajo, la precarización laboral hace estragos y muchísimos trabajadores perciben remuneraciones, pero incluso así no pueden escapar a la pobreza. Ni qué decir de los jubilados y pensionados. Seis de cada diez no alcanzan a cubrir el precio de la elemental canasta básica total que mide el Indec.
Es en este marco que, tras las elecciones del 14 de noviembre, el presidente dijo en un breve discurso que “cuando el modelo económico del anterior gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo, Macri decidió tomar esa deuda de 44 mil millones de dólares con el doble propósito de pagar la deuda insostenible que habían contraído con acreedores privados y permitirles la salida a capitales que habían ingresado solo para especular”.
Casi inmediatamente anunció que en la primera semana de diciembre enviará al Congreso “un proyecto de ley que explicite un programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”. El programa, según adelanto, contemplará “los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social”.
Es obvio que el gobierno pretende acordar con la oposición, liderada mayoritariamente por “Juntos por el Cambio”, el último nombre que adoptó la alianza de centro-derecha y derecha liderada por Macri. Como sostuvo el propio Alberto Fernández, y el mismo Macri admitió: los que nos endeudaron para beneficiar a una minoría parásita y rentista. El problema es obvio. Los interlocutores escogidos son los responsables del endeudamiento y la fuga. Un absurdo. Se les pide a los que generaron la deuda que acepten un plan con el FMI, justamente el corresponsable del endeudamiento.
El circuito, en definitiva, se cerraría para beneficio de unos muy pocos. No es ocioso recordarlo: desde 1956 se firmaron 28 acuerdos con el FMI y todos beneficiaron a la minoría más rica de la población. Los costos, se sabe, se pagaron con el “hambre y el sudor del pueblo argentino”, como dijo alguna vez el presidente Nicolás Avellaneda.
La alianza entre los intereses del FMI y el Consejo Agroindustrial Argentino se basa en un tipo de cambio alto, que el staff del organismo sugiere para acortar la brecha entre las cotizaciones del oficial, que permite al complejo exportar la barbaridad que exporta, y la especulativa, que se utiliza para fugar. Lo que se pretende ocular es que en nuestro país existe una relación inversamente proporcional entre el dólar y los ingresos fijos de trabajadores, jubilados y pensionados. Y esto es así porque exportamos lo mismo que consumimos: alimentos. Es simple. Cada devaluación internacionaliza un poco más el precio de la canasta alimentaria. Con nuestros magros ingresos debemos pagar cada vez más por los bienes y servicios que consumimos.
Lo que tampoco se dice es que el 70 por ciento de la producción nacional tiene como destino el mercado interno. En otras palabras: depende de la capacidad adquisitiva del salario. Pretender que los salarios medidos en dólares sean menor que en Brasil, tal el objetivo explicitado por Paolo Rocca de Techint y Cristiano Ratazzi de FIAT, llevará a una recesión que será tan profunda como la caída del poder adquisitivo de los trabajadores. El peor de los escenarios posible.
