La fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó hoy al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir del hallazgo del video en que el que se lo escucha promover el armado de causas contra dirigentes gremiales.
La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak, a quien le solicitó, además, que identifique a todos los que participaron de aquella reunión, organizada en junio de 2017, a la que habrían asistido tres exfuncionarios de la central de espías, informaron fuentes judiciales.
Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada ayer por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que «podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata».
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que la gestión macrista consideraba adversarios políticos o enemigos.
De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.
Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como «Diego», «Sebastián» y «Darío» –que no habían sido identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.
La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.
«¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?», escribió este lunes y vinculó a varios exfuncionarios de Cambiemos con el accionar que tuvo AFI durante ese gobierno, involucrada en espionaje ilegal.
Por su parte, Caamaño insistió hoy que en el video de 2017 se observa «una mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, la mafia de María Eugenia Vidal» que estaba «haciendo un trabajo sucio como lo hacía (Mauricio) Macri con la mesa judicial de Nación».
En declaraciones a la radio FM Urbana Play detalló cómo fue descubierto ese material que sirvió de base para la denuncia presentada ante la justicia.
«Encontramos un disco duro en una computadora que estaba en desuso en una oficina de la AFI. Había muchos discos, algunos averiados. La gente de tecnología los empezó a probar para ponerlos en funcionamiento».
En esa línea, continuó: «La mayoría de los discos estaban rotos o vacíos; pero este tenía un archivo. Se hizo una copia forense y me lo dieron para verlo».
«El video es en el Banco Provincia. Había tres personas de la AFI, yo puedo especular por qué lo grabaron. Se grababa de todo», planteó Caamaño, quien asimismo explicó: «Se grababa de todo, no solo a la oposición, sino entre ellos».
En ese sentido, estimó que «esa filmación es un control que hacía Nación a provincia de Buenos Aires».