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El diputado Guillermo Castello (Avanza Libertad) disparó con munición gruesa después de que se votara por mayoría en el Congreso la reelección de los intendentes en el territorio de la provincia de Buenos Aires y apuntó directamente contra quienes propiciaron esta modificación en la ley.
“Un grupo de legisladores provinciales kirchneristas, de la UCR y del PRO, le ha asestado un duro golpe al sistema republicano al modificar la ley que impedía la reelección indefinida de los intendentes, permitiendo que se queden un mandato más, hasta el 2027”, apuntó Castello en un comunicado.
Y agregó: “La ley en cuestión fue sancionada en 2016 y establecía textualmente que si los intendentes y concejales ‘han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período’ y despejó toda duda cuando dispuso que el período’ a la entrada en vigencia de la presente Ley será considerado como primer período. No había ninguna duda: el primer mandato era el del período 2015-2019, por lo
que quien era reelecto para el período 2019-2023, recién podía volver a postularse en
el 2027″.
“Esta ley, la número 14.836, significó en su momento un fenomenal avance democrático al suprimir las reelecciones indefinidas e incorporar en la provincia uno de los principios básicos de la forma republicana de gobierno, como es la alternancia y periodicidad en los mandatos. Tan clara es la ley que repite casi literalmente la redacción de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”, resaltó el referente de José Luis Espert en la Sexta.
Pero su crítica fue aún más allá: “El infinito amor por el poder de los intendentes alcanzados por la prohibición de la ley, con alguna honrosa excepción, los impulsó a buscar desesperadamente una forma de eludirla. Y fue así que forzaron su reforma apoyándose en el decreto que la reglamentó, decreto que permite evadir la prohibición de reelección a quien renuncie o pida licencia antes de llegar a los dos años del segundo mandato. Eso explica la inédita cantidad de intendentes que dejaron su cargo antes del pasado 10 de diciembre, en un inconcebible desprecio a la voluntad popular. Ningún legislador ignora que un decreto no puede alterar la esencia de una ley. Jamás hubo dudas: los que fueron reelectos en el 2019 no podían presentarse en el 2023”.
Al cierre, Castello se esperanzó con que “esta maniobra no sea un ensayo de una derogación futura y para que la voluntad popular castigue debidamente en las próximas elecciones a quienes la pergeñaron y ejecutaron”.
