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El magistrado Ricardo Walter Balor dictó la libertad al contador público de 36 años, quien continúa investigado por el delito de “corrupción de menores”. En un principio la acusación fue además por grooming.
Luego de permanecer cinco meses detenido, recuperó la libertad el contador público que había sido denunciado por una situación de presunto grooming contra un estudiante adolescente de Posadas.
En la mañana del sábado, el hombre de 36 años fue liberado luego que el Juzgado de Instrucción 6 a cargo del magistrado Ricardo Walter Balor dictara la medida. Fijó domicilio y le fue comunicada la obligación de cumplimentar determinados requisitos respecto a su libertad, como ser no acercarse a la víctima ni establecer ningún tipo de contacto, entre otros. Seguirá investigado en la causa.
Según fuentes consultadas el Juez determinó que al no haber riesgo de fuga ni la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, podía ser excarcelado, sin que esto represente un beneficio respecto al delito en el que es investigado.
En este sentido las mismas fuentes señalaron que luego del análisis del material probatorio, la pesquisa se orienta más hacia el delito de “corrupción de menores” que hacia el grooming, puesto que para que ello se encuadrara el agresor debería haber falseado su identidad para acercarse con fines sexuales al estudiante secundario.
El 23 de septiembre pasado el sospechoso había sido detenido luego que sus padres y el rector del colegio al que asistía se presentaran en sede judicial a radicar una denuncia en su contra, a la que sumaron capturas de pantalla de la conversación entablada por el sospechoso con la víctima, puesto que desde su teléfono celular habría acosado al adolescente.
Pasadas las 22 de ese día se realizó un allanamiento en el domicilio del denunciado, sito en el barrio San Alberto.
Allí la Dirección de Cibercrimen realizó un operativo en busca de teléfonos y equipos electrónicos que sirvieran para la investigación en curso.
Pero minutos después convocaron a la Dirección Drogas Peligrosas ante la posible existencia de cannabis sativa. Confirmaron que había cogollos de marihuana, los cuales pesaron 64 gramos. Esto motivó el inicio de una investigación paralela por infracción a la Ley 23.737.
Respecto al acusado, se desempeñaba como asesor de un colegio técnico en la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES).
Encuadre legal
De acuerdo al artículo 131 del CPA “será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. En el 125 destaca que al “que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años”.
