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Según Sofía López, una de las residentes del barrio San Miguel, desde octubre del año pasado empezaron a recibir boletas muy abultadas y la cooperativa de agua de Wanda estaría al tanto de una conexión clandestina en beneficio de unas cabañas en la zona, explicarían el consumo desmedido. Las familias están en un terreno privado que ocuparon en 2020 y anticipan que volverán a cortar la ruta 12, pese a las amenazas de policías y el “enojo” del alcalde renovador.
Una insólita e insostenible situación se suscitó en la ciudad que comanda el alcalde renovador Andrés Cúper: vecinos del asentamiento San Miguel, salieron a cortar la ruta nacional 12 porque el municipio les niega el agua potable y porque la cooperativa del pueblo pretende cobrar boletas de 400 mil pesos, pese a saber que hay una conexión clandestina que estaría originando un sobreconsumo que no se podría atribuir a las familias de ocupantes.
Así se desprende de las declaraciones de Sofía, una de las residentes en el asentamiento informal que se conformó hace unos 3 años, cuando un grupo importante de vecinos ocupó y se instaló en un terreno privado, cercano a un complejo de cabañas. “Si bien estas tierras fueron tomadas hace ya 3 años, y vamos por el cuarto año, desde el día uno (de la ocupación) estamos pidiendo que el dueño llegue a un trato, si no es con nosotros, con el municipio o con la gobernación”, contó López este miércoles.
Dejando en claro que buscan que el propietario acuerde la venta al Estado o a los ocupantes, Sofía admitió que “es un lote que tiene dueño, pero desde que estamos acá, tuvimos agua potable a nombre de la municipalidad. Como no tenemos los papeles de los terrenos, se puso a nombre de la municipalidad para que nos venga la boleta del agua”, contó la joven sobre un extraño acuerdo con el municipio que por entonces conducía el alcalde Felipe Jeleñ, quien falleció de Covid-19 en mayo del 2021.
“A partir de septiembre del 2022, empezaron a venir boletas elevadísimas, de supuestamente nuestros consumos. Y hace un mes vinieron a sacar los relojes (medidores) porque ya no dábamos abasto para pagar y se fueron acumulando”, detalló Sofía, que habló de facturas sucesivas de entre 385 mil y 400 mil pesos, para alcanzar un monto impago de 1,5 millones.
Sin embargo, esas abultadas facturas tendrían su explicación en unas conexiones clandestinas entre el medidor comunitario del barrio San Miguel y un complejo de cabañas que estaría contiguo al asentamiento, de acuerdo con las denuncias de esta joven. “Hicimos notar esto y los de agua potable nos confirmaron que había conexiones clandestinas”, dijo la joven del asentamiento.
En ese marco, los vecinos ocupantes solicitaron que les bajen el monto de la deuda, dado que la cooperativa estaría reconociendo que hubo conexiones clandestinas, supuestamente abasteciendo a las cabañas. “Pedimos que se nos baje el costo porque están sabiendo ellos mismos, que esos gastos no eran nuestros. Pero no hubo acuerdo. Ayer hicimos una concentración los vecinos, a las 8 y cerca del mediodía se acercó el intendente (Cúper) y dijo que iba a ser el mediador ante (la cooperativa) Se fue un grupo de vecinos con él, pero no hubo trato. Les dijeron a los vecinos que tenían que pagar las cuatro boletas (impagas) Hace un mes y medio que estamos sin agua y ahora vino una boleta de $400 mil”, contó la vecina del asentamiento, quien añadió que serían unas 500 familias en el lote ocupado.
Con tantas semanas sin agua potable, estos vecinos sin techo, ocupantes de un lote privado, estaban recibiendo agua a través de camiones del municipio, de acuerdo con López. Sin embargo, el agua estaría contaminada y varios niños se habrían enfermado por consumir el agua que no sería potable. Ante la queja al intendente Cúper, y “desde la movilización ya no viene el camión que nos trae el agua para lavar la ropa. El intendente se sintió ofendido y no tenemos respuesta de nadie”, denunció la mujer.
Ante la consulta de este medio, Sofía confirmó que, en 4 boletas, suman una deuda de un millón y medio de pesos, y antes de septiembre del 2022, recibían unas facturas por el consumo de todo el barrio, de entre 50 mil y 90 mil pesos. “Veníamos sin ninguna boleta atrasada”, insistió Sofía, añadiendo que empleados de la cooperativa de agua, “sacó frente” a los dueños de las cabañas, los caños de la supuesta conexión ilegal por la que esta empresa turística evadía pagar sus propios consumos de agua.
Actualmente, la situación es crítica y los vecinos del asentamiento se disponen a efectuar nuevos cortes de ruta, aunque ya fueron “advertidos” por policías que residen en la zona del barrio San Miguel. “La policía que estuvo con nosotros ayer, que son vecinos mismos del barrio, porque acá vivimos profesores, maestros, policías, enfermeros, nos dijeron que ‘si vuelven a cortar, tienen una hora nada más para (cortar), porque va a venir la fuerza pública más pesada y nos van a lastimar y golpear’. Y hay niños y todos estamos en la ruta”, insistió Sofía.
“Por más que nos tengan de usurpadores y ocupas queremos tener nuestros impuestos al día”, sentenció la joven.
