0
0
Eugenio Raúl Zaffaroni nació el 7 de enero de 1940. A los 22 años se recibió de abogado y escribano en la UBA. Posee una currícula muy extensa: más de cuarenta doctorados honoris causa y también cientos de publicaciones realizadas en distintos países.
Su carrera judicial resulta sorprendente: juez nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (1975-1976), juez nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal (1976-1984), juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (1984-1990) y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2003-2014). Luego integró la Corte Interamericana de Derechos Humanos y durante muchos años fue consultor internacional, lo que le permitió, según sus dichos, adquirir no menos de quince departamentos, todos en los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero ahora bajemos de las luminarias a la realidad y que comiencen a caerse las caretas. En el año 1976 Zaffaroni asumió el cargo judicial mencionado, jurando por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, emitidos el 24 de marzo de 1976 y piedra basal del terrorismo de estado que padeció nuestro país. En 1980 publicó un libro oprobioso junto a un tal Ricardo Cavallero, titulado Derecho Penal Militar, Lineamientos de la Parte General, Ediciones Jurídicas editorial Ariel. El pasquín fue dedicado a los jefes asesinos del gobierno de facto. En el panfleto se justifican los golpes de estado, se propicia la pena de muerte y se señala que es lícito penalizar la homosexualidad en las Fuerzas Armadas. Conceptos increíbles, además, de un señor que vive en pareja con otros hombres hace décadas.
Existen documentos que prueban que Zaffaroni rechazó al menos 27 solicitudes de hábeas corpus presentados por familiares de personas, que luego engrosaron el listado de detenidos desaparecidos (aunque algunas fuentes hablan de unos cincuenta casos). Me quiero detener en lo detallado en la fotografía adjunta, en la que puede observarse su dictamen judicial, rechazando el recurso presentado por los familiares de Alicia Lisso. Alicia tenía 23 años de edad y había sido detenida en su casa durante la madrugada del 27 de octubre de 1976. Luego fue vista en el campo de detención y exterminio de Los Plátanos. Finalmente sus restos óseos fueron recuperados, identificados y entregados en 2011 a sus familiares. Seguramente a Zaffaroni no se le movió un pelo al enterarse de esto. Es más, sus servidores propagaron la noticia de que en dos casos había dado lugar a los hábeas corpus con la misma metodología en la que un nazi dice tener un amigo judío.
«Zaffaroni forma parte de ese producto de la impunidad, que logró que muchísimos funcionarios subieran en la dictadura, provenientes de distintos partidos políticos», lo definió Carlos «El Sueco» Lordkipanidse, en un reportaje realizado en 2018. Y agregó: «El poder judicial y la Iglesia tuvieron un rol activo y una situación acomodaticia en la dictadura. Después escondieron la cabeza debajo de la alfombra como el avestruz y esperaron que la tormenta pase». “El Sueco» sabe muy bien de qué habla: fue secuestrado por patotas de la ESMA, sobrevivió a la misma y tuvo una activa participación en las denuncias sobre el terrorismo de estado. Fue torturado sistemáticamente durante semanas y, en una de las sesiones de torturas, uno de los esbirros de la ESMA amagó con arrojarle el bebé de Carlos encima de su cuerpo, todavía cargado de electricidad. Todo esto ocurrió, en gran medida, ya que hubo decenas de criminales disfrazados de jueces que rechazaron los hábeas corpus presentados.
En el año 2003 se discutió en el Senado la propuesta del ejecutivo para coronar a Zaffaroni como juez supremo. El senador radical Rodolfo Terragno dio su voto negativo mencionando que había jurado por el Estatuto del Proceso y que denegó decenas de hábeas corpus. No tuvo demasiado eco y los patanes de ese cuerpo hicieron que el pliego finalmente fuera aprobado.
En el 2011 trascendió que al menos en seis de los departamentos de Zaffaroni funcionaban prostíbulos: “Zaffa,el que siempre zafa», volvió a enarbolar sus argumentos infantiles, mencionando que él no se ocupaba de alquilarlos y que desconocía a sus inquilinos y sus actividades. Argumento nada creíble, ya que al menos hubo un caso en el que un cliente totalmente drogado produjo destrozos en uno de los edificios, de los cuales luego se hizo cargo la secretaria del estudio del juez supremo. Hubo varias denuncias penales por los prostíbulos, pero como ocurre siempre o casi siempre con los integrantes de esa mafia llamada la “familia judicial», todo quedó absolutamente en la nada. Durante casi toda su carrera judicial, tuvo su estudio jurídico en actividad, que incluso actuaba en fueros donde él fue juez, cuestión absolutamente prohibida. También en este caso, a pesar de distintas denuncias, el señor también quedó impune. Siempre a este personaje lo persigue la marca de la irregularidad: varias fuentes sostienen que no les dan los números en sus declaraciones patrimoniales. De hecho sus quince departamentos pueden sumar 1.200.00 dólares de valor, difícil de comprender que resulten sólo de las labores internacionales del juez.
Zaffaroni también tuvo otras actuaciones deplorables o directamente aberrantes desde un punto de vista jurídico. En la la síntesis de un fallo sobre el abuso sexual de una nena, objetivamente terminó protegiendo al delincuente, de una manera tan cruel, que por momentos responsabilizó a la nena por su “ignorancia” e “inocencia”, con una frase más que siniestra: «Si hay oscuridad no hay violación». En el caso Tïraboshi de 1987, llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional Sala 6, el día 26 de abril de 1989. El fallo particular de Zaffaroni no acordó la pena de siete años por violación, que se había propuesto en primera instancia, ni de cuatro años a iniciativa del fiscal, sino que optó por tres años, condena con la cual el pederasta nunca fue preso. Y «Zaffa, el que siempre zafa» tuvo conceptos absolutamente aberrantes: «En la indagación sumaria de la menor víctima, no queda explicitado si realmente Tiraboschi le introdujo el pene en la boca»; «Los informes determinan que no se observa daño psíquico de la menor»; «No tengo dudas que la penetración bucal no es dolorosa, la misma posibilidad de mutilación para el agresor, con la diferencia de la penetración anal o vaginal»; «En la fellatio no existe pérdida de la virginidad»; “Considero que la fellatio no puede constituir el denominado ‘acceso carnal’ y por ello es ‘abuso deshonesto’”.
Resulta imposible comprender cómo a un personaje de este nivel sectores supuestamente progresistas y varios organismos de derechos humanos, lo veneren como un protector de los ciudadanos y de la Justicia. O de cómo la señora Hebe Pastor de Bonafini lo haya condecorado, entregándole un pañuelo blanco hace unos años.
El día 11 de noviembre 2013 envié un e-mail a la dirección jurisprudencia@csjn.gov.ar ante la absoluta certeza de que el narcotráfico cuenta con la protección de funcionarios del gobierno nacional, de policías federales y de buena parte de los integrantes de juzgados y fiscalías federales. El día 15 de dicho mes presenté en la Mesa de Entradas de la Corte Suprema un segundo escrito, lo que dio lugar al expediente 815/2013, tomo 49, letra R, tipo PVA, secretaría 03, a cargo de Zaffaroni. Luego presenté un tercer escrito el 13 de diciembre de ese año y un cuarto escrito el día 20 de febrero 2004. En síntesis, los escritos planteaban la producción de cocaína, la existencia de un Territorio Liberado Peruano en la villa 1-11-14 y las cajas recaudatorias de unas diecinueve comisarías de Policía Federal, especialmente las localizadas en los barrios de Balvanera, Constitución y Flores. También detallaba el espionaje ilegal que realizó personal de Gendarmería Nacional, asignado a la custodia de mi domicilio, que primero denuncié en el juzgado Federal Nro. 2 a cargo de Sebastián Ramos. También detallé el deplorable trabajo de los miembros de ese juzgado y del juez en varias causas de estupefacientes: «Interpreto que deberían realizarse las denuncias penales correspondientes para investigar el proceder de estos funcionarios y que además debería iniciarse en el Consejo de la Magistratura la solicitud de juicio político del señor Sebastián Ramos«.
Para ser más claro, estábamos en presencia de causas penales armadas, en las cuales se detenían a inocentes o «perejiles», mientras los integrantes de Drogas Peligrosas de la Federal robaban en los allanamientos dineros y drogas, «empapelaban» a distintas personas y coimeaban a traficantes para dejarlos libres. La cuadratura del círculo suele ser maravillosa: en ese juzgado recayó mi denuncia contra la ex ministra de seguridad Nilda Garré y una decena de sus funcionarios, que por supuesto quedaron impunes gracias a esos carcamanes disfrazados de funcionarios judiciales. Respecto de mis presentaciones en el expediente de la Corte Suprema, no tuve ninguna respuesta del juez ni de los funcionarios que formaban parte de su vocalía. Todo lo cual huele a incumplimiento de los deberes de funcionario público y al delito de encubrimiento.
En los últimos años, parecería que Zaffaroni vuelve a volcar en forma más que creciente: realizó distintas declaraciones públicas, sosteniendo que considera que el delincuente es una víctima de la sociedad, que el delito es una creación política, que el proceso penal es una farsa de los poderosos y que el estado no está legitimado para imponer sanciones. Resulta obvio que las cárceles están llenas de pobres y de negritos, pero sostener esos conceptos tan pueriles, parecerían acordes con un verdadero delirio. No obstante, más allá de todos sus exabruptos y disparates, lo central de Raúl Eugenio Zaffaroni es que ha sido un sostenedor y cómplice del estado terrorista argentino, que nos dejó 30 mil desaparecidos y miles de muertos.
