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El día de ayer, «familiares falsamente denunciados que no pueden ver a sus hijos y nietos» marcharon en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar ante esta problemática de índole judicial. Roberto Triay, uno de los involucrados, explicó el trasfondo del problema
Roberto Triay acusa haber sido denunciado falsamente y, ese hecho, le costó poder ver a su hija. Así es cómo decidió crear una organización junto a otras personas que habían sufrido situaciones similares y establecerse para, en conjunto, revertir este tipo de situaciones. «Todos somos padres, madres, tíos, abuelos impedidos de ver a nuestra criatura por alguno de los dos progenitores y que, en más del 90 por ciento de los casos, se basa en una falsa denuncia”, expresó, aclarando que “siempre somos más los padres impedidos que las madres, pero hay de ambos lados».
En este sentido, reconoció que «el caso Lucio (Dupuy) lo que hizo fue visibilizar esta problemática, que es muchísimo más común de lo que la gente, y mismo que nosotros que lo padecemos, creíamos». Desde este aspecto, contó su experiencia: «En mi caso tengo una hija de tres años que no veo hace dos años y cuatro meses, desde el momento en que decidimos separarnos. La madre se la llevo a otra provincia sin consultarme y cuando se fue hizo una denuncia por violencia de género, que generó que todavía no la vea». Y sintetizó su situación actual: «Me pusieron una cuota alimentaria, que por supuesto pago todos los meses, además abono una obra social para mi hija, pero no puedo verla y al igual que mi caso hay muchísimos otros».
Acerca del accionar de la Justicia en su caso, detalló: «Lo que se me hizo fue una denuncia por violencia de género donde no se hace absolutamente nada, porque va una parte denuncia, automáticamente perimetral, prohibición de contacto, cuota alimentaria provisoria y se terminó, nadie más trabaja».
Indignado por lo que está pasando hace años, Roberto Triay indicó: «Así estoy hace más de dos años y cuatro meses donde la Justicia no trabaja y ese es el verdadero problema. Estos son los únicos casos donde no se rige por la Constitución, que dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, esto no funciona acá, es al revés». «Es más fácil poner una cautelar y se terminó a que realmente se busque la verdad y que se sepa qué es lo que a la criatura, damnificada en estos casos, realmente más le conviene», cerró.
