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Este fin de semana lo que comenzó con una marcha de comunidades indígenas, militantes de izquierda e independientes en rechazo a la reforma constitucional aprobada en esa provincia, continuó con el despiadado ataque de las fuerzas policiales mediante gases lacrimógenos, balas de goma, forcejeos y piedrazos que dejaron como saldo al menos un muerto, 70 heridos y 31 detenidos. El enfrentamiento continuó este martes cuando los manifestantes se dirigían a la Legislatura, mientras que la coalición opositora salió a defender la medida represiva de Gerardo Morales.
A través de un comunicado firmado por el senador Humberto Schiavoni en representación de su bloque, afirmó: “Desde el Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, repudiamos profundamente los sucesos violentos que una minoría de inadaptados está provocando en Jujuy”.
Luego continúa: “El pueblo jujeño concurrió a las urnas hace menos de 45 días, el 7 de mayo, y refrendó una gestión que instauró la paz en la provincia y trazó un horizonte de desarrollo, luego de años de violencia y decadencia. La reforma constitucional, cuyos convencionales fueron elegidos por la ciudadanía, incorpora derechos, expresa un salto de calidad institucional y limita los métodos extorsivos que tanto daño le han hecho a Jujuy en el pasado”.
En diálogo con LVDM, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Arjol también se pronunció en respaldo del gobernador de Jujuy: “Estoy de acuerdo con el orden”, afirmó el legislador y agregó: “La reforma se aprobó por unanimidad, y la gente votó esa configuración de la asamblea constituyente”.
A nivel nacional, los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich fueron otras de las figuras opositoras que levantaron el pulgar a Morales.
¿Qué dice la reforma y por qué genera rechazo?
Las que se ven mayormente afectadas son las comunidades indígenas de Jujuy, estimadas en 52.545 personas que comprenden el 7,8% de la población de la provincia, un porcentaje que es más del triple de la media nacional de 2,4%.
Si bien la reforma reconoce la preexistencia de las comunidades originarias y pueblos indígenas, determina que el Estado es el encargado de reconocer su personería jurídica y la posesión comunitaria de las tierras. Una política contraria a la lucha histórica de los pueblos indígenas en toda la Argentina por acceder y poseer las tierras de sus ancestros: Mapuches, collas y demás pueblos se han opuesto a gobiernos locales que permiten la explotación de algunas empresas inmobiliarias y mineras en zonas de reserva ecológica.
El debate sobre la reforma se venía desarrollando en un contexto de movilizaciones permanentes por parte de varias organizaciones, en particular del sector docente. Por lo que el proyecto de ley aprobado es menos radical que el original.
El proyecto inicial preveía cambiar el régimen electoral para darle más poder al gobernador y eliminaba las elecciones de medio término para establecer que quien ganara en las urnas, aunque fuera por un voto, se llevara la mayoría.
Por otro lado, establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas” y de “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia.
Por su parte, el Gobierno de Jujuy insistió en su posición de recalcar que la modificación constitucional no significa que se ataquen los derechos sociales, y en ese sentido remarcó la convocatoria al diálogo a “presidentes o comuneros de las comunidades indígenas de la provincia, a los efectos de informar sobre los alcances de la ampliación de derechos que implica la reforma de la Constitución provincial”.
Mientras que las decenas de heridos y detenidos en un marco de extrema violencia podría restarle puntos a Morales camino a las presidenciales, desde el Frente de Izquierda y el oficialismo repudian fuertemente la situación y en varias ciudades como Córdoba y Buenos Aires iniciaron marchas en repudio a las medidas represivas y en apoyo al pueblo jujeño.
