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Según pudo saber, en las próximas horas se formalizará en el Boletín Oficial la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que contempla un mix en la liquidación de divisas; una entidad del campo sugirió vender “lo mínimo indispensable”
Luego de que en los últimos días quedara standby, por errores de concepto para su implementación, la medida del ministro de Economía, Sergio Massa, de destinar un 25% de disponibilidad en las divisas de las ediciones del dólar soja para que la industria mejore el precio de compra de los granos, en las próximas horas se publicará en el Boletín Oficial el decreto que fijará las condiciones del esquema, según pudo saber. Estará en vigor hasta el 30 de septiembre y se prevé que lleguen US$2500 millones.
En medio de las idas y vueltas en torno de la medida, hoy la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sugirió a los productores “comercializar lo mínimo indispensable”. Dijo que su Consejo Directivo “resolvió comunicar a los productores asociados la necesaria prudencia al momento de comercializar sus productos tras las confusas medidas anunciadas desde el Gobierno”. La decisión de la entidad ruralista es no solo por la soja, sino por las intervenciones en otros productos e incluso en carne.
La semana pasada, en una conferencia el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, afirmó que el 25% se utilizaría para comprar la oleaginosa en el exterior, pero la exportación cruzó esa versión y negó que en el Gobierno hubieran dado esa indicación. El DNU establecerá que los exportadores de soja y subproductos deberán liquidar un 75% al tipo de cambio oficial mayorista (a $350) y el 25% restante será de libre disponibilidad, es decir que cada empresa exportadora decidirá qué hacer con ese 25%. Podrían, por ejemplo, liquidar al MEP o Contado Con Liquidación. Esta herramienta solo será útil para comprar soja argentina.
La novedad sobre el inminente decreto se conoció luego de una semana de negociaciones herméticas entre los exportadores y el Gobierno. Hubo tensiones luego de que Bahillo dijera que con ese 25% las empresas del sector podrían comprar el grano en el exterior.
La medida se extendería a lo largo de este mes y, si bien aún se desconoce el monto exacto de cuánto podría ingresar a las arcas del Estado, se prevé que lleguen alrededor de US$2500 millones. Los exportadores deberán pagar de forma anticipada la mitad de las retenciones. Este era un punto en disputa, ya que el Gobierno quería asegurarse la mayor parte de los derechos de exportación [se paga el 90% con la declaración de la mercadería] mientras las empresas tenían dudas, sobre todo ante un posible cambio en este tributo con un próximo gobierno.
A la par del DNU en el Boletín Oficial, el Banco Central (BCRA) deberá publicar una norma que establezca los mecanismos de control de este decreto, que será similar a los que tienen en la industria petrolera o de gas en la Argentina.
“Esta semana habrá novedades”, respondieron fuentes oficiales a este medio. Mientras tanto, fuentes del sector privado al tanto de las negociaciones advirtieron a este medio que la oficialización de la medida “es inminente”. Aclararon que falta “algunas normas” pendientes, pero que son “acordables” para que los productores vendan la soja. Durante la semana pasada, las conversaciones entre el Gobierno y los exportadores estuvieron trabadas.
La intención del Gobierno, según Bahillo, era que la industria tuviera con este 25% “la obligación” de adquirir la oleaginosa en Brasil, Paraguay y Bolivia, por ejemplo, mientras hacían una evaluación sobre cómo “mantener la actividad” en el polo agroexportador y el nivel de empleo y ventas al exterior, afectadas por la sequía. Pero ahora la idea de importar no está contemplada.
Tras conocerse la medida original por boca del propio Massa, en la agroexportación contemplaron el esquema compuesto por un mix en el precio entre el 75% al tipo de cambio oficial mayorista, que estará fijo a $350 hasta después de las elecciones generales, y el 25% restante, por ejemplo, al Contado Con Liqui (CCL), dentro del Programa Incremento Exportador (PIE). Como resultado de este mix, el precio rondaría entre los $420 y $450 por dólar.
Economía regionales
En el medio, las seis economías regionales compuestas por el arroz, maní, tabaco, industria forestal, vinos y mosto, aceite esenciales y cáscara de naranjas todavía esperan por la publicación del decreto que dispondría de una baja y eliminación de las retenciones, según una promesa del ministro de Economía.
En un evento en la Exposición Rural de Palermo, el funcionario adelantó que desde este mes estas seis economías que aún pagan retenciones quedarían a cero. Luego reiteró esa promesa el domingo de la semana pasada en redes. No obstante, hasta el momento no fue oficializada la medida en el Boletín Oficial, por lo que esto generó malestar e incertidumbre en todos los sectores involucrados.
“El sábado me dijeron que estaban dejando listo el expediente y esta semana estaría. Veremos”, contaron desde uno de los sectores involucrados. “Espero que para mañana esté publicado”, se esperanzaron otros. “Veremos mañana. Todo [es] desprolijo e improvisado. Mirá que tuvieron tiempo, si hace más de un mes lo anunciaron”, añadieron en otra oficina. En la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguraron que los arroceros, maní y los algodoneros se sienten totalmente disgustados. Si bien aún no está confirmado, este último sector no entraría en el listado final, pese a que en el último tiempo se reunieron con autoridades de la cartera de Agricultura.
Por otra parte, en CAME recordaron que hoy se publicó la Resolución General AFIP 5414/2023 que en su artículo 6° establece que la reducción de los derechos de exportación alcanza a los productos regionales que hayan ingresado al Programa Precios Justos, según el decreto 433/2023. Estas empresas deberán ingresar al Programa Precios Justos. “Estimamos que toda reducción de DEX a productos regionales se hará en el marco del Decreto 433/2023 (Precios Justos)”, dijeron allí.
“El productor no exporta. Esto traerá más conflictos entre la producción, la industria y la comercialización. ¿Cómo sabe un productor que esa empresa tiene precio justo para exigir un mejor precio? Seguimos generando más desconfianza entre los distintos actores de la cadena”, resumieron.
