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La dirigencia gremial rechazó las primeras medidas del ministro de Economía. Gerardo Martínez habló de “un tsunami total” y Luis Barrionuevo de “un ajuste durísimo”. Preocupación por el impacto social del plan económico.
La CGT se reunirá de urgencia este miércoles para analizar los anuncios efectuados por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero ya se perfila el primer conflicto del sindicalismo con el gobierno de Javier Milei: el rechazo de la dirigencia gremial es unánime, según consultas hechas por Infobae.
“Un tsunami total en lo social y algo parecido en los aspectos financieros y económicos”, fue la opinión del líder de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, quien representa una actividad que quedará afectada por la paralización de la obra pública.
El sindicalista anticipó que la CGT sumará a sus asesores económicos al encuentro para “evaluar la letra chica de los anuncios y tener una hoja de ruta con lecturas claras y contundentes” porque “todo es impreciso, aunque muy preocupante”. “Hay que ver la reacción de la sociedad”, dijo.
“Durísimo el ajuste”, sostuvo el líder de la Unión de Trabajadores Gastronómicos, Luis Barrionuevo, poco después de los anuncios, aunque pidió que sea consultada la CGT sobre las medidas económicas: “Los que tienen que opinar son los muchachos de la CGT. Soy verticalista y acato lo que diga el movimiento obrero. Viene una recesión galopante, sin ninguna duda”, consideró.
El titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, advirtió que “el ministro Luis Caputo acaba de repetir el mecanismo de exagerar la situación de crisis heredada para justificar medidas inadmisibles, que van a acrecentar en cuestión de días los niveles de pobreza en la Argentina por encima del 50%”.
Para este gremialista, “una devaluación del 118% del peso argentino implica, en primer lugar, una multiplicación de la pobreza que apenas si será paliada con los anuncios de aumentos por debajo de ese porcentaje en el ya devaluado valor de las Asignaciones Universales por Hijo y de las tarjetas Alimentar”. Añadió que los anuncios de apertura de importaciones, y de suspensión de obra pública “van a implicar un fuerte impacto sobre la pequeña y la mediana empresa abocada al mercado interno, y va a acelerar los procesos de quiebra que durante el macrismo se llevaron adelante y que calificamos como un industricidio, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo”.
“En semanas vamos a un escenario de una multiplicación del valor de tarifas en agua, luz, electricidad y gas, que impactarán aún más los ya debilitados bolsillos del pueblo argentino, y particularmente en las provincias, porque este recorte de recursos del Estado Nacional va a atentar contra el federalismo y contra las condiciones de vida de buena parte del pueblo argentino que habita en el interior”, puntualizó el jefe de la CTA combativa.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, criticó los anuncios del ministro Caputo porque, “presentados como medidas que buscan evitar una catástrofe, llevan a los argentinos al peor de los infiernos en pocas semanas”.
El dirigente calificó de “extorsiva” la “narrativa” del gobierno de Javier Milei. “El aval electoral no fue para castigar al pueblo, sino a los privilegiados -interpretó-. Fue para resolver los problemas del pueblo que son la inflación y la pobreza, no para aumentarlos”.
“Una devaluación del 118% sobre una remarcación indiscriminada y generalizada de precios durante las últimas semanas es un verdadero asalto a los trabajadores y jubilados”, dijo. Y alertó: “Es insostenible un país sobre estos rieles sin subsidio al transporte, las tarifas, la energía. No vamos a aceptar un congelamiento salarial”.
Más allá de estas afirmaciones, los dirigentes gremiales pidieron en general dar su opinión sin que se publique su nombre y apellido para no quedar desacomodados antes de la reunión de la CGT. Desde el anonimato, uno de ellos criticó que a partir de los anuncios económicos “los salarios se redujeron a menos de la mitad” como producto de la devaluación, que “es mayor incluso que la reclamada por el FMI”. Al mismo tiempo, resaltó que la reducción de subsidios a la energía y el transporte porque “castigará al sector trabajador” y advirtió: “Este es un ajuste ortodoxo”.
Otro dirigente de un sindicato poderoso cuestionó las medidas, aunque hizo hincapié en que la CGT “debe tener una reacción madura, seria y pensada” y en que “cada organización gremial tendrá que defender su posición ante los efectos negativos de los anuncios”. “Ahora no podemos llorar tardíamente cuando no fijamos una postura más dura ante el gobierno anterior”, agregó.
Los gremialistas ya conocían el contenido del plan de Caputo: se los anticipó a un grupo de dirigentes de la CGT el ministro del Interior, Guillermo Francos, antes de que asumiera Milei. El flamante funcionario incluso les dijo que el gobierno libertario quiere cambiar la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales, dos de las normas que el sindicalismo defiende a ultranza.
De todas formas, según fuentes oficiales, en la CGT ya saben que no habrá una reforma laboral profunda, sino básicamente un puñado de proyectos que estarían incluidos en la ley ómnibus que los libertarios planean enviar al Congreso: apuntan a la modificación del sistema de multas laborales por trabajo mal registrado o no registrado y a crear un sistema indemnizatorio para los nuevos trabajadores, de adhesión voluntaria, basado en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
Ambas iniciativas serán el eje de la “mini” reforma laboral a la que apunta Milei en esta etapa, aunque, de todas formas, se analizan otros proyectos para aprovechar el envión inicial del Gobierno, como modificar la ultraactividad de los convenios colectivos y declarar a la educación y al transporte como servicios esenciales para regular el derecho de huelga en esas actividades, dos iniciativas que el sindicalismo interpretará como una declaración de guerra del oficialismo.
Francos también habló con algunos dirigentes sobre el ajuste que proyectaban. Así sucedió en el contacto con el titular de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, quien representa a la mayoría de los empleados de la administración pública nacional y también es secretario adjunto de la CGT, y con Gerardo Martínez, quien también estuvo con Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, para analizar opciones que eviten una sangría laboral en la construcción.
