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Después de 11 horas de debate, Diputados pasó a un cuarto intermedio y continuará este jueves a las 12 el tratamiento de la Ley Ómnibus de reformas económicas. El proyecto es uno de los ejes de la gestión del presidente, Javier Milei, que la considera prioritaria.
El texto original del proyecto tuvo múltiples cambios a los que el oficialismo, que tiene solo 38 diputados, debió acceder para garantizarse el respaldo a la iniciativa de la “oposición dialoguista”, al menos en general. Con las modificaciones al dictamen de mayoría se redujeron de 524 a 385 los artículos del proyecto.
Dado que por la gran cantidad de temas que abarca el proyecto y por el número de oradores, se estimaba que la sesión duraría cerca de 40 horas. Por eso es que durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se había esbozado la posibilidad de interrumpir el debate para que los diputados puedan dormir antes de continuar.
La sesión comenzó esta mañana con el anuncio de una nueva tanda de recorte de artículos, como la exclusión de los artículos que cambiaban el Régimen Federal de Pesca (muy festejada por los gobernadores del sur), la eliminación de los artículos referidos al impuesto PAIS, a la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional y al régimen de Zonas Frías.
A su vez, también fueron retirados los cambios al Código Penal que impulsaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ejemplo, los artículos 301 y 303, que detallaban las penas que podrían aplicarse a los organizadores de las manifestaciones. También los que definía una como reunión o manifestación a la “reunión de 30 personas”, que hacen obligatorio notificar al Ministerio de Seguridad cualquier “manifestación espontánea” y las sanciones para las manifestaciones que vulneren derechos de terceros.
La tensa relación entre el Gobierno y los gobernadores tuvo hoy capítulo a raíz del impuesto PAIS. Si bien al inicio de la sesión el oficialismo anunció que quitaría del texto los dos artículos sobre el gravamen, los diputados de diferentes bloques que responden a los gobernadores, especialmente los de Hacemos Coalición Federal, insistían con negociar la coparticipación del 30% de ese tributo para recomponer las arcas provinciales afectadas por la eliminación de Ganancias y la reducción de las transferencias del Tesoro.
Ante la posibilidad de que la oposición sume al peronismo de Unión por la Patria y alcance los votos para imponer una redacción del texto que incluya la coparticipación, el Gobierno se puso en contacto con algunos líderes provinciales y les prometió que toda la cuestión fiscal se discutirá la semana que viene. “Van a presentar un nuevo pacto fiscal”, confirmó una fuente al tanto de las conversaciones. Según se pudo saber, los gobernadores se comprometieron a dejar de presionar con el tema durante la sesión.
Puntos sin acuerdo
Una vez que se confirmó que efectivamente el Gobierno retiraba todo el paquete fiscal (que incluía la reforma de la movilidad jubilatoria, el blanqueo, las retenciones y la moratoria) las facultades delegadas y las privatizaciones pasaron a ocupar el centro de la escena.
De las 12 emergencias y sus consecuentes facultades delegadas, que le permiten a Milei legislar sin pasar por el Congreso en lo referente a esas áreas, el oficialismo terminó bajando a seis: económica, financiera, en seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Sin embargo, todavía había diputados que buscaban remover la emergencia tarifaria y fundamentar mejor las bases que restringen las facultades delegadas en materia de seguridad.
Dentro del radicalismo, el sector liderado por Facundo Manes fue el que se expresó con mayores reparos respecto a las facultades delegadas. Aunque otros compañeros de la bancada UCR reconocieron que los libertarios ya han bajado significativamente la cantidad de emergencias y señalan que en el pasado también se han votado facultades delegadas a otros presidentes.
En la misma línea, los miembros de la Coalición Cívica, que integran el bloque HCF, también adelantaron en su dictamen de minoría que no están de acuerdo con ningún tipo de delegación de facultades.
Los bloques dialoguistas tampoco están unificados respecto a las privatizaciones. El Gobierno aceptó quitar YPF de la lista de empresas públicas que se pueden vender y cuenta con el apoyo de todo el PRO. En tanto, Unión por la Patria y la Izquierda rechazan el capítulo por completo.
En el radicalismo por el momento es mayoritaria la idea de discutir las privatizaciones “ley por ley”, es decir que cada empresa tenga un debate por separado en el Congreso. En tanto, la Coalición Cívica tiene una lista con 18 empresas para privatizar y propone un debate aparte para el resto. Por su parte, pasadas las 20 Nicolás Massot se dirigió a su despacho para sentarse a escribir un nuevo artículo que le de mayores potestades a la comisión bicameral de privatizaciones (creada en los 90). Una suerte de posición intermedia.
