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La iracunda retórica de Milei comienza a afectar la construcción de consensos que le permitan impulsar los cambios que pretende. El presidente dinamitó el vínculo con las provincias y le declaró la guerra a los gobernadores, quienes reclaman sensatez y apertura al diálogo. Misiones se sumó a las provincias que acuden a la Corte Suprema para exigir fondos que por derecho les corresponde.
Cuando hablamos de la relación entre conflicto y política es menester recurrir inexorablemente a los pensadores de la corriente deliberativa. El modelo deliberativo ilustrado discutido, entre otros, por el alemán Jürgen Habermas considera que los conflictos políticos (entendidos como toda situación en la que dos o más grupos sociales se enfrentan) pueden resolverse a través de un diálogo argumentativo dirigido a hallar la solución correcta basada en razones. El supuesto fundamental de esta posición es que la mejor forma de resolver los conflictos políticos es a través de un procedimiento deliberativo que, por atenerse a ciertas exigencias formales, se hace acreedor de lo que se denomina “presunción de racionalidad”. Habermas sostiene que existe un núcleo de valores y principios políticos que parecen sustraerse a la discusión, y también la noción de que no podemos determinar racionalmente cuál es la mejor concepción del bien. Por eso opta por una noción procedimental del razonamiento práctico que se postula equidistante de los diferentes intereses y creencias enfrentadas.
No obstante, la “racionalidad procedimental” se ejercita de modos diversos, según los temas tratados. En la literatura especializada es usual distinguir dos “estilos” de deliberación, a los que corresponden otras tantas formas de solución de conflictos: los conflictos sobre valores (morales o éticos) suelen abordarse (al menos prima facie) mediante argumentaciones orientadas al logro de un consenso entre las partes, mientras que los conflictos de intereses se dirimen de ordinario en negociaciones que conducen a la formación de compromisos entre las partes.
Habermas analiza estos dos estilos de debate con algunos argumentos de Elster. Ambos autores identifican tres diferencias entre esos dos estilos de deliberación: 1) la capacidad de neutralización del poder social, 2) el tipo de argumentos que se aducen, y 3) la circunstancia de que los participantes compartan o no las razones que en cada caso conducen a la aceptación del acuerdo. Así, a diferencia de las argumentaciones, en las que se apela a la -a decir de Habermas- “coacción sin coacciones del mejor argumento”, en las negociaciones las relaciones de poder entre los participantes no quedan neutralizadas, sino que se hacen explícitas.
Estas diferencias de “estilo” deliberativo son formales, independientes de los contenidos debatidos en cada caso. Por ejemplo, en una deliberación en torno a valores, sólo cuando resulta imposible convencer al contrario, el “estilo” deliberativo puede desplazarse hacia la negociación. De igual forma, las deliberaciones sobre distribución de beneficios, bienes escasos o cuotas de poder adoptan paradigmáticamente el modo de negociaciones, pero en ciertas circunstancias pueden adoptar la forma de argumentaciones sobre valores.
En su icónica obra “Pensar rápido, pensar despacio”, el psicólogo y Premio Nobel de Economía nacido en Israel Daniel Kahneman sostiene que en el habla cotidiana decimos que una persona es razonable si es posible razonar con ella, si sus creencias concuerdan por lo general con la realidad y si sus preferencias están en consonancia con sus intereses y valores. La palabra “racional” suscita la idea de una gran deliberación, con más cálculo y menos pasión, pero, en el lenguaje común, una persona racional es en realidad una persona razonable.
La definición de racionalidad como coherencia es sumamente restrictiva; demanda observancia de las reglas de la lógica, algo que una mente finita no es capaz de implementar. La gente razonable no puede ser racional por definición, pero no es razón para tildarla de irracional. “Irracional” es una palabra fuerte que connota impulsividad, emocionalidad y tozuda resistencia al argumento razonable.
Ira desenfrenada
Milei está convencido de que su incursión en la política se debe a una misión profética, que no es otra cosa que salvar a la Argentina del maligno, de hecho, en varias entrevistas se ha referido a esa revelación divina.
Tras el fracaso de la ambiciosa Ley de Bases en el Congreso de la Nación, el Presidente publicó en su cuenta de Instagram un fragmento en hebreo del capítulo Éxodo, del segundo libro de la Biblia, donde Moisés castiga al pueblo hebreo por adorar a un “becerro de oro”.
Luego de ordenar el retiro del proyecto de ley, Milei decidió emprender el camino de la profundización de la batalla contra lo que él denominó “la casta”. En un principio, eligió como blanco a los legisladores con el objetivo de amedrentarlos para lograr que voten a favor. Con una postura inversa a la que indican los manuales de la alta política y de la construcción del poder, el Presidente de la Nación no se ahorró descalificativos contra los representantes de las provincias en el Poder Legislativo. Posteriormente, se sumaron los gobernadores a esa lista de objetivos, a quienes los considera “una banda de traidores” y los máximos responsables de la caída de la “Ley Ómnibus”. En un nuevo capítulo de la escalada de tensión, Milei comenzó a fustigar discursivamente con munición gruesa contra los mandatarios provinciales y al tiempo que los asfixiaba financieramente a través de una inédita política de recorte de transferencias, la eliminación del Fondo Compensador para el transporte público y el anuncio de la no renovación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Según un informe de IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), las provincias fueron las principales perjudicadas con la motosierra del economista anarcocapitalista con una recorte de fondos en orden al del 98,4%.
Al margen de la discusión fiscal, lo que está en juego es mucho más que eso. El uso de la intransigencia como método aglutinador para construir apoyo que puso en marcha el Presidente desde el inicio de su gestión comienza a mostrar serias falencias y pareciera estar en jaque.
El 23 de febrero de 2024 será recordado como una fecha bisagra en la era Milei. La peligrosa estrategia de la Casa Rosada de incorporar a “la casta” a todo aquél que no esté de acuerdo con lo que disponga el Presidente, sufrió un durísimo embate desde el interior del país. El gobernador chubutense, que integra las filas de Juntos por el Cambio, fue el encargado de encender la mecha de una bomba que terminó de destruir el vínculo de los gobernadores con Milei, tras la decisión del primer mandatario nacional de castigar a Chubut con la quita de coparticipación tras impedirle refinanciar una deuda, luego de que Torres demandara judicialmente a la Nación por la quita de subsidios y otros fondos que le corresponden a la provincia patagónica.
Gobernadores de Juntos por el Cambio contra Milei
Luego de estallar el conflicto con Chubut, Jorge Macri junto a los nueve gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado expresando su “total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses” y exigiendo al Presidente de la Nación que le gire de inmediato los fondos a la provincia del sur del país.
Los mandatarios sostienen que “el Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”.
La firma de Macri en el documento emitido genera un gran impacto, habida cuenta de que el PRO es hasta ahora el principal sostén de los libertarios en el sistema político.
La posición ambivalente de la alianza de Juntos por el Cambio es extraña. Tanto el ex presidente Macri como Patricia Bullrich a nivel nacional, como los dirigentes misioneros de ese espacio a nivel local, promovieron el voto y defendieron la propuesta de Javier Milei en el balotaje, y ahora rechazan el ajuste. En este contexto de crisis, comienzan a tomar distancia para que el Presidente sea el único que pague el costo político.
Por su parte, un Milei desenfrenado en su pelea con los gobernadores por la administración de los fondos en medio del drástico ajuste que impulsa desde la Nación, no cesa con su furia en las redes sociales, escribiendo mensajes y reposteando otros del ejército de trolls libertarios volcado masivamente a destruir en el mundo digital a todo aquel que piensa distinto.
El jefe de Estado reposteó en sus redes una batería de mensajes que replicaban sus seguidores contra Torres y otros mandatarios provinciales. La catarata fue sin distinción, sin chequear las fuentes ni la veracidad de las afirmaciones, todo era válido para atacar a sus adversarios.
La postura ejemplar de Misiones
Con la gran ventaja de haber alcanzado hace más de una década el equilibrio fiscal y con una política de austeridad ejemplar, la provincia pudo hacer frente, con recursos propios, a los pagos adeudados de meses anteriores del FONID, que la Nación recortó pese a que son recursos garantizados por la Ley Nº 25.053. El pago por parte de la provincia implicó un gran esfuerzo y se pudo llevar adelante mediante la reasignación de partidas presupuestarias.
En este contexto, en donde la Nación también recortó los fondos del transporte que servían para cuidar el bolsillo de los usuarios del colectivo, Misiones avanzó con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar al Estado Nacional el pago inmediato de los montos adeudados en concepto de FONID, además de Conectividad y Garantías Salarial que corresponden a los docentes misioneros.
Al ser prorrogado el Presupuesto Nacional 2023, el FONID continúa vigente y está contemplado en el mismo, es por ello que la Provincia de Misiones espera que el Gobierno Nacional cumpla con el compromiso asumido.
Cabe destacar que sólo en el caso del FONID, la Nación retiene a la provincia $1.574.950.605 por el período 2023 y $1.394.678.871 por el período 2024, es decir, casi 3 billones de pesos.
A diferencia de Misiones, otras provincias no pudieron pagarles el salario a los docentes y se encuentran en una crisis total que amenaza el inicio de clases.
El escenario de crisis actual refleja un marcado contraste, en donde la provincia actúa con altura y responsabilidad, aportando soluciones y cubriendo con recursos propios el brutal recorte impulsado por la administración nacional, mientras los aliados del Presidente Milei comienzan a ensayar una postura crítica con el objetivo de evadir la carga del fenomenal ajuste que está golpeando sin piedad el bolsillo de las familias argentinas.
