0
0
El juez federal Julián Ercolini ordenó una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga los sospechados negociados en la Anses con la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos.
La División de Delitos Federales de Policía Federal fue la responsable de realizar los operativos en los domicilios particulares y comercia del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker cercano a Alberto Fernández Héctor Martínez Sosa y del intermediario Pablo Torres García, todos imputados por el delito de administración fraudulenta.
La finalidad de los allanamientos ordenados por Ercolini era obtener todo tipo de documentación relacionada con la maniobra bajo investigación.
El juzgado, según pudo reconstruir Clarín, secuestró los teléfonos celulares personales de los imputados, junto a otros dispositivos electrónicos.
La finalidad era la búsqueda de información que puede desprenderse de agendas, documentación de las compañías involucradas en la maniobra bajo investigación, y también la Policía Federal secuestró computadoras.
Cuando los operativos iniciaron Héctor Martínez Sosa y Pablo Torres García, no se encontraban en los domicilios pero minutos después se acercaron. La ex secretaria de Alberto Fernández no estuvo presente durante los allanamientos.
En medio del pedido de entrega de los celulares como durante la inspección de los inmuebles, «se mostraron colaborativos y entregaron inmediatamente los dispositivos», indicaron fuentes judiciales a Clarín. Por ejemplo, la computadora de Torres García estaba prácticamente vacía y puso a disposición del juzgado la clave para que la revisaran.
Todos los dispositivos secuestrados serán peritados por orden del juez Ercolini, quien ya comenzó con el análisis de todos los contratos de que Nación Seguros entregó a la justicia.
En este caso el principal imputado por administración fraudulenta es el ex presidente Alberto Fernández.
Bajo investigación se encuentran el ex jefe de Estado, su secretaria María Cantero y los ex funcionarios y brokers de seguros Alberto Pagliano, Pablo Andrés Torres García, Juan Manuel Manganaro y Héctor Martínez Sosa.
La maniobra bajo investigación tiene punto de inicio a fines de 2021, cuando Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros que, a su vez, “contrataba a un broker y a empresas privadas”, sostiene la denuncia de la abogada Silvina Martínez que dio origen al expediente.
La causa penal analiza el entramado de contrataciones opacas con el rubro seguros. Se desnudó una estructura que funcionaba dentro de la ANSES y que movió cerca de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros.
Los 20.000 millones de pesos, consta en la denuncia, es lo que le “paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro”.
A su vez, Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, la justicia ahora pone la lupa sobre un broker, que habría percibido comisiones tres veces mayores a la del mercado: 17%: unos 300 millones de pesos mensuales.
Para clarificar esta estructura es que el juez Ercolini ordenó obtener más información a través de los allanamientos ordenados en los domicilios particulares como en los de las respectivas empresas.
Junto a los elementos que se secuestren, el juzgado aguarda que a través de diferentes organismos el Gobierno remita los informes, reglamentaciones, decretos y auditorías que se requirieron la semana pasada mediante orden de presentación.
Hasta el momento, indicaron fuentes de la causa a Clarín, el juzgado sólo recibió por parte de Seguros Nación la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/202. También remitieron las actuaciones administrativas de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculan con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones.
Aún se aguarda que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica aporte al juzgado los antecedentes, actuaciones y dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021″, con el que Fernández impuso lo servicios de Nación Seguros.
El juzgado quiere contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional, que suscribieron contratos de seguro y que se regían bajo la normativa que habilita la figura de los intermediarios.
Entre otros aspectos, la pesquisa busca develar «cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, explicaron fuentes judiciales.
El circuito bajo la lupa
Con los allanamientos ordenados, y la información que de los mismos se obtenga, se busca esclarecer el rol como intermediarios de Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
También el juzgado busca determinar si este esquema se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández. Se habla de más de 800 millones de pesos que se habrían volcado a este circuito presuntamente ilegal y que es objeto de la investigación penal.
¿Cómo funcionó en este caso? En los convenios que firmaban desde el Ministerio con Nación Seguros había una cláusula que permitía el presunto negociado que se investiga: “la contratación del seguro objeto del presente Convenio se hará entre el Ministerio y Nación Seguros –Casa Central, Gerencia de Ventas Canal Organismos Públicos- admitiéndose que el Ministerio pueda generar una designación de un intermediario en caso de considerarlo conveniente para sus intereses”, versa la normativa.
Durante los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia, Nación Seguros estuvo a cargo del abogado Alberto Pagliano, un amigo de la juventud de Fernández que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado. Este vínculo y un posible tráfico de influencias se encuentra bajo análisis por parte de la justicia federal.
