En vísperas del discurso de Cristina por el 25 de mayo, se conoció el pedido de sobreseimiento del fiscal Guillermo Marijuán en la causa que investiga la ruta del dinero K. Años atrás, el mismo funcionario judicial había encabezado excavaciones en terrenos sureños en busca de dinero.
Apelando a la falta de pruebas, Guillermo Marijuán parece convencido de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no está vinculada a este megamillonario fraude al estado. En ese marco, un particular llamado Iván Vanney denunció al fiscal por encubrimiento de delitos e injerencia en el proceso electoral.
Así se desprende de la denuncia presentada: “El fiscal Marijuán intenta desligar a la vicepresidente de los delitos de corrupción cometidos en conjunto con el condenado Lázaro Báez, beneficiado con prisión domiciliaria junto a una veintena de políticos, sindicalistas y empresarios prebendarios durante el gobierno formulado por el presidente Alberto Fernández y por la acusada en la causa mencionada, Cristina Kirchner, en un contexto de permanentes ataques e injerencias sobre el poder judicial”.
Según el denunciante, la maniobra apunta a despegar a Cristina de esta causa en la que aparecen involucrados el empresario K, Lázaro Báez y sus hijos; el ex esposo de la vedette Karina Jelinek, Leonardo Fariñas; y Federico Elaskar, entre otros.
En su presentación judicial, Vanney sostuvo: “Entre las evidencias descubiertas hay centenares de llamadas entre Cristina Kirchner y Báez, interacciones económicas directas traducidas en por lo menos resarcimientos mediante alquileres irregulares del hotel fantasma propiedad de Cristina Kirchner”.
En esa línea, aseguró que “además del encubrimiento, se denuncia también la injerencia sobre el proceso electoral, pues la solicitud de sobreseimiento tiene lugar a tres meses de las elecciones, tras años de congelamiento de la causa, en un contexto de amistad entre uno de los ministros preferidos de Cristina Kirchner para la fórmula electoral que deberá competir en breve, y el fiscal Marijuán”.
La denuncia realizada por Iván Vanney fue asignada por sorteo en el juzgado federal 5 y registrado bajo el número CFP 1798/2023.
LAS EXPRESIONES DEL DENUNCIANTE
En diálogo con este medio, Iván Vanney se refirió al hecho recordando que todos los ciudadanos pueden radicar denuncias de este tipo en la Justicia en forma on line:»Pueden denunciar a funcionarios municipales, provinciales y nacionales mediante diferentes plataformas en línea sin salir de su casa, con evidencias como único requisito. No hacerlo cuando atestiguamos un delito de corrupción nos convierte en cómplices de esa corrupción».
Y compartió algunos de los links para denunciar a funcionarios públicos por corrupción sin salir de casa:
– Ministerio Publico Fiscal (Nacional): https://denunciasfia.mpf.gob.ar/denuncias/nueva
– Ministerio Publico Fiscal (BA): https://mpfciudad.gob.ar/denuncias
– Cordoba: https://denunciasmpf.mpfcordoba.gob.ar/publicpages/PortalDenuncias
– Jujuy: https://mpajujuy.gob.ar/denuncias
– La Pampa: https://denunciasonline.mplapampa.gob.ar/#/nueva-denuncia
– Mendoza: https://denuncias.jus.mendoza.gov.ar/personasw/hecho_delictivo
– Salta: https://www.denunciasweb.gob.ar/generica
«El olvido de nuestros deberes y derechos constitucionales frente a la omnipotencia del estado es el mayor regocijo de políticos y funcionarios. Porque en esas obligaciones y derechos olvidados radica la fuerza y la clave para defendernos de ellos. Una fuerza contra la cual no están acostumbrados a combatir, ni podrían, porque el ciudadano es el jefe legítimo. Porque el estado es para él y no viceversa», añadió el denunciante.
Y siguió: «Por eso, quiero recordar que cada uno de nosotros llevamos potentes deberes y derechos desde nuestro nacimiento, pero que solo existen cuando los ejercemos. Sin su ejercicio nuestras quejas no tienen clamor de justicia y nos sometemos incondicionalmente a las patologías psiquiátricas de gobernantes y funcionarios.
En esa línea, Vanney explicó que «a aquellos ciudadanos que perdieron la conciencia de su verdadero poder, y que asustados solo creen poder aspirar a la protección paternalista de candidatos políticos, es importante recordarles que cada uno de nosotros tenemos el poder de llevar ante la Justicia a cualquier funcionario corrupto de cualquier categoría sin ni siquiera la necesidad de un abogado».
«Ese no es solamente un derecho, es una obligación constitucional cuyo ejercicio nuestro país agonizante súplica. Si ante incontables delitos en nuestra contra por parte de nuestros gobernantes, las fiscalías y juzgados del país no están inundados de denuncias, el problema empieza por nosotros», concluyó.