Hoy se conmemoran 15 años desde que el entonces vicepresidente Julio Cobos emitió su voto negativo, conocido como “no positivo”, que resolvió el conflicto más relevante en la historia moderna argentina relacionado con el sector agrícola.
Indudablemente, la disputa de la “Resolución 125” marcó un punto de inflexión tanto para el campo argentino como para el país en su conjunto. En el año 2008, durante el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su gobierno decidió implementar un sistema de retenciones “móviles” que permitía aumentar el impuesto sobre la soja del 35% hasta casi el 50%. Esta medida provocó un enfrentamiento abierto entre la administración y el sector agropecuario en su totalidad, generando una crisis política que mantuvo en vilo a gran parte de la población.
Durante varios meses, el conflicto se prolongó con los productores rurales ubicados en los costados de las carreteras, llevando a cabo bloqueos y manifestaciones a lo largo de los caminos, tanto en las localidades del interior como en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, enfrentando su primera gran crisis, intentó en un principio calmar la situación, pero adoptó una postura agresiva hacia el sector al darse cuenta de que la solución no se encontraría en la negociación política, sino en el Congreso Nacional.
Efectivamente, el desenlace del conflicto fue tan relevante como el conflicto mismo. Hoy se cumplen 15 años desde el voto “no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos, quien desempató la votación en la madrugada del 17 de julio de 2018 y dio validez legal a las “retenciones móviles”, propuesta ideada por el exministro de Economía Martín Lousteau.
Este momento marcó la resolución del conflicto que había alcanzado un nivel crítico y podría haber empeorado si el oficialismo hubiera salido victorioso en la votación. Además, significó el regreso del sector agropecuario como un actor político influyente, gracias a la creación de la Mesa de Enlace. En esta plataforma, las principales organizaciones del campo (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro) dejaron de lado sus diferencias y se unieron en una lucha incansable contra la posibilidad de enfrentar mayores impuestos.
A pesar de haber transcurrido 15 años desde el fin del conflicto, todavía existen heridas abiertas y resentimientos que persisten hasta el día de hoy. La relación entre el Kirchnerismo y el sector agropecuario sigue completamente fracturada, sin confianza mutua. Sin embargo, a pesar de que los líderes del campo consideraron aquel momento como una “victoria en la batalla”, los resultados posteriores no necesariamente cumplieron con sus expectativas.