0
0
Algunos alcaldes opositores consideran viable la opción de plantear la inconstitucionalidad de la ley votada en 2016 que limita a dos los mandatos. Así, el primer periodo sería el que transcurren y podrían volver a presentarse dentro de dos años. Los peronistas se lo exigieron a Alberto Fernández.
La considerable remontada que logró el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, colocándolo cerca de los números obtenidos por la lista que encabezó Diego Santilli en las elecciones generales, fue tomada por los intendentes del peronismo como un triunfo propio.
Con la idea de que fueron los artífices del acortamiento en la diferencia de votos, volvieron con un viejo reclamo: revisar la limitación de mandatos en la Provincia, acotada a dos por la ley que, en 2016, impulsó Cambiemos con apoyo del Frente Renovador.
Ante la nueva ofensiva, planteada por los alcaldes del Frente de Todos cuando acudieron a la cena con el presidente Alberto Fernández en Olivos -luego del acto del Día de la Militancia- algunas voces de la oposición comenzaron a escucharse sobre el espinoso tema.
Las pocas expresiones, hasta el momento, van en el sentido de rechazar una vuelta atrás con la sellada reelección indefinida, aunque dejaron abierta la puerta para explorar alternativas, como la de un recurso judicial que considere que el primer mandato es el 2019-2023 y no el iniciado en 2015.
Según la interpretación de muchos sectores de la política bonaerense, la norma infringe el principio de no legislar de manera retroactiva, con lo que no debería considerarse el periodo que iniciaron un año atrás desde la sanción de la ley, es decir el 2015.
De esta manera, podrían volver a presentarse por cuatro años más en 2023, un beneficio al que accederían no solo los alcaldes oficialistas, sino los de Juntos y hasta los vecinalistas.
Así, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Juntos), aseguró que «es muy probable que haya una judicialización de la ley, por lo menos una interpretación de la ley que limita las reelecciones indefinidas. Creo que la ley es buena, el límite a las reelecciones es bueno, pero si se interpreta como debe ser constitucionalmente deberíamos tener un período más porque la ley no debería ser retroactiva. En ese caso esperaremos, falta mucho y no es el momento de hablar de candidaturas de 2023».
Por su parte, el alcalde PRO de Lanús, Néstor Grindetti, expresó a CNN Radio que «desde el punto de vista general, estoy a favor de que no haya reelección eterna, no comparto esa idea”, aunque matizó su postura.
“En el caso específico que no puede ser retroactiva hay que ver cómo la justicia interpreta la ley, eso es legítimo, pero hacia adelante no lo apoyo”, dijo, adelantando que «desde lo personal, yo no voy a reelegir, hay que darle la oportunidad a otra generación. Ocho años me parece más que razonable».
En tanto, el jefe comunal de La Plata, Julio Garro, sostuvo: «Yo comparto el límite a las reelecciones. Mi intención es terminar en el 23 y quiero hacer una renovación porque creo en el nuevo aire».
A su turno, el independiente Guillermo Britos, mandamás de Chivilcoy, aseguró que «si bien es un tema del poder legislativo de la provincia, y que no estoy de acuerdo con las reelecciones indefinidas, mi opinión es que se debería reformar y que la ley comience a tener vigencia desde que fue sancionada hacia adelante, lo que convertiría este período en el primero».
«Mi opinión siempre fue la misma, hay que respetar la ley, pero la ley fue sancionada con efecto retroactivo, de hecho hubo concejales, diputados y senadores provinciales que este año no pudieron ser candidatos, cuando su primer período inició en 2013 y la ley fue sancionada en 2016, es decir tres años después les cambiaron las reglas de juego con efecto retroactivo», agregó.
Mientras tanto, el mencanismo judicial se puso en marcha con la presentación de un recurso en los tribunales de San Martín, a la espera de ser activado por un juez «proclive» a aceptar la argumentación de la inconstitucionalidad.
En ámbitos tribunalicios consideran que no solo un concejal, un legislador o un intendente puede acudir a la Justicia si considera vulnerado sus derechos constitucionales, si entiende que sus derechos fueron vulnearados, sino cualquier votante que crea que fue violado su derecho a elegir.
