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El sindicato de Luz y Fuerza de Zárate emitió un comunicado para reforzar la conclusión que sostienen hace años y a la que llegaron varios gremios: el video de Marcelo Villegas no fue un caso aislado. El caso que le tocó enfrentar a los de Atucha fue una persecución feroz mediada por un atentado a la vida del Secretario Adjunto, Damián Straschenco, aunque el sindicato afirma no hay líneas de investigación serias.
En mayo de 2017, el dirigente gremial de Atucha Néstor Damián Straschenco, denunció haber sido envenenado mediante una botella de agua que utilizaba habitualmente en su oficina gremial, con niveles de radiación superiores a los que admiten los protocolos de seguridad para cinco años de exposición, en un caso sin precedentes registrado en el complejo nuclear.
La empresa en forma descarada denunció al dirigente acusándolo de «autoenvenenarse» con la supuesta ayuda del Tesorero de Luz y Fuerza, Ramón Horacio Almirón, quien fue sobreseído recién en noviembre de este año. El juez interviniente Adrián González Charvay consideró en 2017 «debidamente acreditado» que Straschenco y Almirón «sustrajeron material radiactivo o sustancias nucleares» y que «dicha agua fue ingerida luego por el nombrado Straschenco con el fin de activar las alarmas de los sistemas de seguridad de las Centrales Nucleares Atucha I y II y evidenciar la vulnerabilidad de los mismos, para con ello demostrar las fallas de seguridad, en momentos en que se estarían llevando a cabo tratativas para la conformación de las Plantas Nucleares Atucha III y IV», explicitó el magistrado, en un fallo que tomó por sorpresa a los denunciantes.
Tras la difusión del video en el que se escuchan las intenciones del exministro de Trabajo Marcelo Villegas de arrasar con los sindicatos, Luz y Fuerza de Zárate emitió un comunicado que dice que «ratifica en este marco la denuncia que sostiene desde 2017 tras el envenenamiento, posterior procesamiento y despido de nuestro Secretario Adjunto, Damián Straschenco: el despliegue de una coordinación estatal, empresaria, judicial y mediática con el objeto de la persecución gremial. En nuestro caso con el agravante de atentar contra la vida de nuestro compañero y sin líneas de investigación serias a la fecha.»
«No se trataba sólo de un caso aislado. Era una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por “nación y provincia” para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical.», agregaron.
Asimismo argumentaron sobre el carácter estatal de la empresa que administra las centrales: «Vale destacar que, además, Nucleoeléctrica es una empresa estatal por ese entonces bajo mando macrista. Que se apliquen hacia las empresas propias la misma estrategia planteada por el ex Ministro, no sólo no sorprende sino que suena lógico.»
Concluyeron exigiendo: «el sobreseimiento ya de Straschenco y la investigación seria sobre los hechos sucedidos en ATUCHA en mayo de 2017.»
