Se les atribuyó maniobras de exhibir balances contables donde no se registraban los pasivos que correspondían a deudas que tenía Vicentin con productores granarios. 

Balance falso y estafa son las imputaciones que hizo ayer el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Miguel Moreno, a 14 directivos que conformaban el directorio de Vicentin al momento de la cesación de pagos. A unos de ellos, Daniel Buyatti (ex presidente de la empresa), también le endilgó el delito de apropiación indebida de tributos. Se les atribuyó a los acusados «maniobras de exhibir balances falsos con estados contables donde no se registraban los pasivos que correspondían a deudas que tenía Vicentin con los productores granarios. «A través de falsedades en los balances, fue ocultada una venida a pique de la empresa desde el año 2017», dijo Moreno. Tras oír las imputaciones que hizo Moreno se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana. El fiscal adelantó que pedirá prisión preventiva para algunos de los acusados.

La lista de imputados por el delito de balance falso en concurso real con estafas incluye a Buyatti, Alberto Macua (era vicepresidente), Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi, Miguel Valazza, Omar Scarel (actual presidente de la empresa) y Raúl González Arcelus, quien no participó de la audiencia.

«Estas imputaciones por estafa son sumamente claras con la información que tenemos reunida. No descartamos que pueda surgir alguna otra conducta ilícita que atribuir a quienes estuvieron en la audiencia o a otras», dijo Moreno al término de la imputación. Sobre el ofrecimiento de la caución por parte de la defensa, que tomó estado público, indicó que «fue una charla previa en la que habiéndoles manifestado la intención de pedir prisión preventiva, ofrecieron un seguro de caución para garantizar la sujeción de estas personas al proceso penal», indicó. 

Para el fiscal, la situación en relación a estos delitos genera «efecto derrame, pero negativo». Y aseguró: «Lo que hubo es un encubrimiento de la real situación. Una venida a pique de la empresa desde el año 2017 que fue ocultada a través de estas falsedades en los balances. Era el ocultamiento de una decadencia económico financiera», aseguró.

Al mismo tiempo, detalló que se les atribuyó a los acusados «maniobras de exhibir balances falsos con estados contables donde no se registraban los pasivos que correspondían a deudas que tenía Vicentin con los productores granarios. Vicentin tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente sin registrar la contrapartida que es lo que tenía que pagarle al productor. También emitieron certificados de cumplimiento falsos con adulteración de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Llegó a exhibir otra realidad financiera», detalló el fiscal. «Las empresas satélites recibían el dinero que Vicentin recibía de los bancos y en muchos casos sin una contraprestación que pudiéramos detectar. Es decir, hay un flujo de dinero intragrupo que muchas veces no encuentra justificación en una operación comercial o financiera. Las empresas han sido utilizadas con ese objeto», dijo. 

Moreno recordó que el delito de estafa tiene una pena máxima en expectativa de seis años, y en el caso «tenemos alrededor de 11 hechos de estafa y seis de balance falso, estamos en el límite establecido, para el directorio, por el artículo 55 que son 50 años de prisión. Al momento de llevar a juicio el caso la solicitud de pena será de prisión efectiva por multiplicidad de hechos y el daño causado», señaló. 

El fiscal indicó se están «realizando diversas investigaciones tanto en el país como en el exterior para detectar si hubo transferencias del dinero detraído a las víctimas hacia cuentas del exterior». 

Las imputaciones

Los delitos atribuidos a quienes «formaron parte del directorio y de la comisión fiscalizadora hasta el 15 de octubre de 2020», tiene que ver con la denuncia de bancos internacionales, por «haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa. Como así también haber confeccionado y presentado ante los Bancos Internacionales informes trimestrales y certificados con información financiera que exhibía una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordada», expresa la acusación.

También se imputó en relación a la estafa a productores por 5 hechos. En ese caso, la acusación alcanzó también a Robertino Boschi. «La maniobra atribuida es la de realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitoso a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, quienes engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas. Abusando de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa y de las relaciones comerciales que Vicentin supo construir a lo largo de décadas. Se atribuye haber llevado a cabo una política de captación de granos a través de contratos bajo la modalidad ‘con precio a fijar’, a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos, (…) y mediante el ofrecimiento de mejores precios que la competencia y de plazos muy superiores para fijar precio», reza la imputación.

En cuanto a los créditos de Banco Macro, se imputó la coautoría en el delito de estafa, y a los síndicos como partícipes necesarios. «La maniobra de los directores de Vicentin era entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa, con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño», dice la acusación. Además, a Buyatti le achacaron el delito de apropiación indebida de tributos. 

Cúmulo probatorio

Por su parte, el querellante Gustavo Feldman aseguró que «es una causa con un cúmulo probatorio contundente». También habló de la «potencialidad en el daño causado que en el momento procesal oportuno será un dato insoslayable, no solo por la suma sino por la cantidad de damnificados y demás», dijo. Más tarde, agregó en LT8 que «hay 36 millones de archivos informáticos como evidencia y 43 anexos de 200 páginas cada una, que contienen documentos».

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