Sergio Palazzo advirtió que realizará medidas de fuerza en todo el país ante «la alarmante situación de los trabajadores del exBanco de Desarrollo de Jujuy», liquidado por el gobierno de Gerardo Morales, ya que el personal no percibe sus salarios desde hace ya cinco meses.

Un documento del interventor de la seccional, Oscar Álvarez, aseguró que en la provincia se inició una colecta ante esa situación para colaborar por «la grave situación por la que atraviesa ese personal bancario», y sostuvo que «hay gente que está en la calle, no tiene alimentos, atención médica y no puede comprar remedios».

El titular nacional del gremio y el secretario de Acción Gremial, Sergio Palazzo y Gustavo Díaz, enviaron una carta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la que denunciaron «la violación de derechos colectivos del personal de ese banco».

«No hay otra alternativa que iniciar medidas de fuerza a nivel nacional y en todo el sistema financiero», sostuvo la misiva enviada al titular de la cartera laboral.

Palazzo amenaza con nacionalizar el conflicto y paralizar las entidades financieras de todo el país por el cierre del exBanco de Desarrollo de Jujuy
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Los dirigentes explicaron en la carta que en «la pretendida transferencia de los trabajadores entre el Banco de Desarrollo de Jujuy y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (InproJujuy) se hizo todo mal, ya que al ser asimilado el bancario al empleado público provincial existe una diferencia sustancial de derechos».

«Entre ellos, la jornada laboral, el salario, la antigüedad, el valor del concepto, el escalafón, las categorías, la aplicación del convenio colectivo bancario 18/75, el encuadramiento y la representación sindical. Se cercenan todos los derechos adquiridos a partir de esa conversión», explicaron los dirigentes a Moroni.

Para la Bancaria, su eliminación atenta contra toda ley y/o principio del derecho del trabajo y de normas constitucionales, y detalló que el pase de los trabajadores al Instituto implicaría una pérdida salarial del 88,55 o del 76,85 por ciento.

«La situación atropella derechos adquiridos salariales y alimentarios y es un accionar confiscatorio. También avasalla la irrenunciabilidad, inviolabilidad y progresividad de los derechos humanos laborales y transgrede el artículo 14 bis de la Constitución. Por lo que la Bancaria realizará medidas de fuerza», concluyó la carta a Moroni.

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