El acuerdo que aprobó el Board dice que la Argentina tiene que «evitar» amnistías fiscales, aunque para algunos analistas no se trata de un perdón. Tributaristas afirman que la iniciativa debería arrancar por la Cámara de Diputados.

Los senadores oficialistas estiman que con el proyecto de ley de blanqueo para argentinos con fondos en el exterior no declarados, se podrían recaudar unos u$s70.000 millones de dólares. Sin embargo, si el mismo logra atravesar las barreras que seguramente le impondrá la oposición en el Congreso, debería contar finalmente con una autorización final: la del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La presentación del proyecto con la firma de senadores del Frente de Todos puso en alerta a tributaristas y abogados, y se produjo en el contexto de la visita del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, a la vicepresidenta Cristina Fernández, quien le pidió respaldo para el país.

Analistas señalan que esa visita tiene importancia como señal de apoyo porque se estima que el grueso de fondos expatriados no declarados por argentinos está en ese país, debido a que tiene estrictas normas que limitan al fisco de ese país compartir información con otros países.

En el oficialismo esperan que el proyecto, que establece una alícuota del 20% para los que exterioricen su capital (o del 35% para quienes lo hagan después de los seis meses de su entrada en vigencia), permita generar una masa de fondos suficiente como para saldar las deudas con el FMI. «Se les da un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país. Con este proyecto se pueden recaudar alrededor de u$s70.000 millones», dijo la senadora Juliana Di Tullio a Radio 10, e indicó que «el espíritu es que le paguen los que siempre se benefician y no el Pueblo».

Pero, más allá de las aspiraciones que tenga el gobierno sobre la iniciativa, y si logra sortear las objeciones que le pondrá la oposición, tendría que iniciar nuevamente una negociación con el FMI.

El capítulo de “Política Fiscal y Financiamiento” del memorándum sostiene que en materia de administración tributaria ”seguirán siendo necesarios los planes de pago de impuestos, pero se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario”.

El punto es discutible y podría entrar en lo que el propio organismo calificó como “recalibración” de políticas que exige el cambio de escenario económico global. Por un lado, el Fondo podría estar interesado porque sería el beneficiario directo de esa recaudación. Para algunos analistas, el proyecto de blanqueo podría no ser considerado una amnistía en función de la alícuota del 20% que tendría que abonar el contribuyente, que de por sí implica un fuerte castigo. Del mismo modo que el uso de moratorias no estaría taxativamente prohibido, sino que hay que “evitarlas”.

Al respecto, César Litvin, del estudio Lisiki, Litvin y Asociados, consideró que el proyecto “es un verdadero blanqueo” aunque se lo presente como la creación de un fondo para pagar la deuda con el FMI. “Va en contra de lo pactado” con el organismo, aseguró.

Los tributaristas tienen otra objeción, que es de carácter constitucional. De acuerdo con lo que indica la Carta Magna, la Cámara de Senadores no puede ser origen de proyectos que tengan que ver con impuestos. La iniciadora tiene que ser la Cámara de Diputados.

De modo que ello, en caso de aprobarse, podría ser objeto de cuestionamientos judiciales. “La hoja de ruta comenzó mal. Eso lo van a tener que cambiar”, planteó Litivin.

Por otro lado, el asesor tributario sostiene que el proyecto del oficialismo apuntaría más que nada a los fondos no declarados que están en bancos de Estados Unidos porque la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya contaría con la información por parte de otras jurisdicciones a partir del acuerdo de intercambio de datos celebrado con diferentes administraciones tributarias en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), del que no participa el organismo norteamericano. Se estima que el grueso de lo no declarado se encuentra en ese país. Argentina firmó un acuerdo bilateral para intercambio de información con el Servicios de Impuestos Internos (IRS) en enero del año pasado, aunque todavía no estaría operativo.

Por su lado, el abogado especializado en materia impositiva Diego Fraga cuestionó la iniciativa al afirmar que “la Cámara de Senadores no puede iniciar” una ley como la que propone el kirchnerismo y aclara que ese tipo de normas “deben iniciarse por la Cámara de Diputados”. Mientras que el tributarista Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP, opinó que la AFIP ya cuenta con las herramientas para combatir la evasión de modo que “esto podría afectar a alguien que se pueda asustar”. “Como la efectividad de esto va a ser baja, creo que se trata de humo para la tribuna”, indicó el asesor tributario.

Entrada anterior La lista: Personas y empresas que fugaron capitales desde el 2016
Entrada siguiente Cooperación nuclear entre Argentina y China