Este jueves la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución por la cual se suspende la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (foto). Este resultado decepcionó al gobierno de Estados Unidos, promotor de la iniciativa, porque Washington esperaba que se repitiera el apoyo abrumadoramente mayoritario a sendas resoluciones votadas en marzo y que condenaban la invasión de Rusia a Ucrania. En esa oportunidad 141 países votaron a favor en la primera de ellas y 140 lo hicieron pocos días después. 

Vaguedad extrema

En esta ocasión, en cambio, la propuesta de Washington fue respaldada por 93 países, mientras que 24 votaron en contra y hubo 58 abstenciones. La resolución se aprobó porque superó los dos tercios de los votos válidos, es decir a favor o en contra, no tomándose en cuenta las abstenciones. Pero para nadie es un misterio que, en números reales, casi la mitad de los países representados en la Asamblea General no acompañaron la iniciativa norteamericana. Una posible razón para esta conducta se encuentra en la extrema vaguedad de la resolución propuesta por Estados Unidos. Ella dice así:

“Esta breve revolución expresa la grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia, incluidas violaciones y abusos flagrantes y sistemáticos de los derechos humanos.»

Lo curioso del caso es que ni la Asamblea General ni el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuvieron en sus manos ningún informe objetivo e imparcial sobre los sucesos presuntamente ocurridos. Es decir, se suspendió temporalmente la participación de Rusia en el CDH a causa de “informes” que no fueron producidos por ningún organismo responsable del sistema de Naciones Unidas y, casi seguramente, por medios de prensa o plataformas comunicacionales afines a -o dependientes de- los gobiernos de Estados Unidos y Europa. En pocas palabras, se aplicó en el terreno internacional la Doctrina Irurzun: se sospecha de que alguien, en este caso un país, atentó contra los derechos humanos y, mientras se elaboran los informes probatorios se le aplica una sanción. En el caso argentino: presunción de un delito cometido por un político o funcionario molesto, y mientras se confirma su comisión se dicta una prisión preventiva. En la ONU hoy se hizo lo mismo: en ausencia de informes previos se suspendió a un estado-miembro y, para colmo, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Una verdadera monstruosidad jurídica y un daño cada vez más grave a la legalidad internacional.

Iniciativa de la Casa Blanca

Desafortunadamente el gobierno argentino acompañó esta iniciativa de la Casa Blanca. Nuestro país ejerce la presidencia pro-témpore de la CELAC, y el bloque se partió en la votación. Dieciocho países votaron a favor (Antigua, Argentina, Bahamas, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay); once se abstuvieron (Barbados, Belice, Brasil, El Salvador, Guyana, México, Saint Kits, Saint Vincent/Granadines, Saint Cristobal, Surinam y Trinidad/Tobago) y tres votaron en Contra: Bolivia, Cuba y Nicaragua. Venezuela no pudo votar porque a causa del bloqueo se encuentra en mora en el pago de sus cuotas de membresía, pero es obvio que habría votado en contra de la iniciativa. Un grave error de nuestro gobierno, Podría haber tomado nota de lo que dijo el representante brasileño, Ronaldo Costa Filho: «Brasil ha decidido abstenerse en la votación de hoy porque cree que se debe permitir que la comisión de investigación complete su investigación independiente para que se puedan determinar las responsabilidades». Su advertencia no fue tenida en cuenta por nuestro representante, que consintió en sancionar a un país sin respaldo probatorio fehaciente. Supongo que la presión de Washington sobre todos los países latinoamericanos y caribeños debe haber sido muy grande, pero eso no es excusa alguna. Si no quería o no podía -debido a la vulnerabilidad argentina por su deuda externa- votar en contra de la propuesta estadounidense tendría que haberse abstenido. Y esto por varias razones.

Una, por la ausencia de elementos probatorios confiables, lo que configura una violación fundamentalísima del debido proceso, tan válido en los asuntos internacionales como en la política doméstica. Segundo, porque en octubre del 2020 el gobierno argentino firmó un “Acuerdo de Asociación Estratégica” con la Federación Rusa sumamente conveniente en términos económicos y también diplomáticos que ahora corre el riesgo de quedar en suspenso, o ser desahuciado. ¿A cambio de qué? ¿”Lloverán ahora las inversiones norteamericanas” para las grandes obras públicas que este país necesita y para la cual se contaba con la colaboración de Rusia? Y tercero, por el menoscabo de la palabra presidencial. Recordemos que un par de meses el presidente Fernández le expresó a Vladimir Putin que la Argentina podría ser la «puerta de entrada» para profundizar los lazos económicos de Rusia con los países de América Latina, cosa que ahora está en veremos, y nada de esto nos favorece como nación.

Victoria Pírrica

Concluyo: una victoria pírrica y de dudosa duración para la diplomacia de la Casa Blanca. Un revés serio en su objetivo de máxima: expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad y del G-20, a lo cual parecería que varios países, entre ellos la Argentina, se opusieron. Y un yerro que podrá ser muy costoso para nuestro gobierno, sin beneficio alguno a la vista, que podría haber optado, como casi la mitad de los miembros de la CELAC por la abstención

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