Hasta ahora el eje de las denuncias había estado enfocado en la actividad de un grupo de exfuncionarios del gobierno de Macri: empezando por Ramón Lanús, extitular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el exjefe de gabinete Marcos Peña y el exministro del interior, Rogelio Frigerio, ya que ellos se ocupaban de poner a la venta o dar un destino a los inmuebles de propiedad estatal, a quienes se sumaron también el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ministro de Hacienda porteño Martín Mura, que intervinieron en los traspasos de inmuebles en el caso del Paseo del Bajo. Ahora la OA pidió ampliar las investigaciones que tramitan en Comodoro Py, en los juzgados de Julián Ercolini y María Eugenia Capuchetti, para que analicen el papel del arquitecto Julio Villamonte, presidente de la Sala A del Tribunal de Tasaciones –que depende del Ministerio de Obras Públicas– ya que habría colaborado con los errores en los cálculos. Los delitos en juego son incumplimiento de deberes de funcionario público y estafa a la administración pública

Ventas a precio vil 

Las irregularidades sobre la valuación de las parcelas en Puerto Madero fueron reveladas en este diario por Raúl KollmannEran siete terrenos en Catalinas, en la zona más costosa de la Ciudad, que fueron otorgados a empresarios y personas vinculadas a Macri en subastas donde casualmente aparecía un único oferente o a lo sumo dos.

Entre los beneficiarios estaban, por ejemplo, Consultatio S.A., vinculada a Eduardo Constantini y Carlos Anibal Reyes Terrabusi, empresa que aportó 850.000 pesos a la campaña de Macri. Terrabusi figura como socio de Jorge Alberto Blanco Villegas, tío de Macri, y también aportantes con 1,8 millones de pesos. Según los cálculos actualizados de la OA, a esa firma se le otorgaron tres terrenos por valores inferiores a los reales en un 20,97%, 33,33% y 43,22%. TGLT, el conglomerado que absorbió a la constructora de Nicky Caputo, amigo del expresidente, tuvo dos adquisiciones con precios inferiores al llamado valor venal en 42,16% y 43,22%. Un fideicomiso llamado BAP, de Edmond Safra, obtuvo dos parcelas a 20,8% y 17,83 % menos. Safra es primo hermano de Eduardo Cohen Watkins, dueño de la casa en el country Cumelén de Villa La Angostura donde vacaciona el expresidente. También es dueño del Banco Safra, donde Gianfranco Macri tenía los millones no declarados que blanqueó. Otra beneficiaria de los valores disminuidos es una firma del grupo Techint. 

Favores para la Ciudad

Según la OA hay otros dos casos, que también ya estaban bajo investigación, donde se aplicó el mismo mecanismo que le otorga a inmuebles estatales un valor reducido. 

* Para las obras del llamado Paseo del Bajo la Ciudad de Buenos Aires tomó un crédito de la CAF (Corporación Andina de Fomento) a pagar a 30 años. Con la excusa de solventar ese préstamo, como contraprestación, el Estado nacional le transfirió a la administración porteña 12 inmuebles. Fue por adelantado, antes de que terminara el gobierno de Macri, lo que despertó sospechas sobre un posible negocio financiero. La valuación de esos bienes públicos sería por lo menos un 17% inferior al valor real. El Tribunal de Tasaciones hizo el cálculo el mismo día que se lo pidió la AABE, sin hacer una inspección de los inmuebles, algo elemental exigido por las normas en la materia, según denuncia la OA. Al día siguiente se firmó el convenio

* También se transfirieron inmuebles al gobierno porteño como pago anticipado para realizar obras (de urbanización, apertura de calles, siembra de árboles, entre otras cosas) en las viejas playas ferroviarias de Palermo y Caballito. El Estado nacional pagó a Playas Ferroviarias SA, incluso con cálculos desfavorables, el 100% de las obras porteñas, que tampoco se auditaron por adelantado. 

El organismo anticorrupción estableció que para valuar los inmuebles a precios inferiores a los reales, el Tribunal de Tasaciones aplicó –por ejemplo– normas tasatorias incorrectas o usó valores del dólar desactualizados. Pero por su planteo queda claro que había un esquema con participación de distintos órganos dispuestos a «rifar» parte del patrimonio del Estado.

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