La denuncia de la arenera Mesovial sobre presunta estafa cometida en su perjuicio por otra empresa que tenía ese predio por comodato otorgado por la Entidad Binacional Yacyretá y que, por lo mismo, no tenía autoridad para alquilarlo, echó luz sobre los manejos de parte de Fernando Zamudio, pareja de la diputada nacional Cristina Brítez (FdT), para quitar y otorgar predios propiedad de la EBY. Y abre el interrogante si no es la propia legisladora nacional la que está a cargo de los manejos y desmanejos de la entidad.

María Alejandra Weppler, titular de Mesovial, denunció a Rafael Honecker, dueño de la arenera Don Faustino por haber irrumpido en el predio que le alquilaba para desalojarla, sin que el contrato de locación hubiera finalizado ni se hubiera pedido la caducidad del mismo, y sin aviso previo para hacerse presente en el lugar, irrumpiendo en forma violenta con rotura de puertas y daños varios, según consta en la denuncia.

Weppler se entera entonces que el predio que alquilaba había sido cedido en comodato y comienza a gestionar, sin éxito, que la EBY se lo ceda a ellos en comodato, dado que el alquiler suponía en principio una presunta estafa, y su empresa había invertido en el lugar para mejorarlo.

En esa tramitación de busca de respuestas, Weppler hace contacto con Zamudio porque es quien interviene en estas cuestiones y en esa condición es quien le anticipa que le quitará el predio al denunciado, así como le ofrece “soluciones” que parecen sortear la legalidad: seguir trabajando con el que alquila un predio dado en comodato, hacerse cargo de un predio ya concedido a una empresa correntina, asociarse con una tercera empresa que no piensa tener socios.

A Weppler le preocupa que su empresa esté sin trabajar dada la medida de “No innovar” decidida por el juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado N° 2, ante su denuncia por estafa. La dueña de la arenera Mesovial señala que 40 familias dependen de su empresa, y hay preocupación por la imposibilidad de trabajar.

Al parecer todo esto dejaría traslucir que hay un negocio poco claro respecto a la explotación de la arena -que es de todos, en definitiva al ser extraída de un recurso natural-.

Lo llamativo en este caso -o quizá no- es la supuesta participación en definir qué empresas pueden intervenir en esta explotación y cuáles no, según los réditos que podría sacar, la legisladora nacional en cuestión a través de su pareja. Hasta el momento no se sabe cuánto de manejo político hay en el tema de las areneras.

Las máquinas son de una persona, la arena la maneja la EBY y la concesión para explotarla de otra. Todo hace pensar en una suerte de desmanejo en la cuestión de marras.

No queda claro el cargo que ostenta la pareja de Britez para llevar adelante este manejo que aparece como discrecional.

Diputada Nacional Cristina Britez

La propia Weppler denunció haber sido estafada, como se refirió más arriba. Y según parece este conflicto no tiene visos de tener una pronta solución.

El video que acompaña esta nota da cuenta del momento del abrupo desalojo al predio que alquilaba Mesovial

“Todo se dejó constancia en el Juzgado”, relató Weppler. Agregó que las acciones se llevaron adelante a partir de una orden judicial emanda del Juzgado a cargo de Monte.

La mujer sostuvo que el contrato de alquiler aún no venció. “El contrato que firmé con Honecker lo hice en julio de 2019. No venció. Yo le pagaba con arena, de 600m por mes”, apuntó.

En otro tramo de la entrevista, Wepple indicó que el desalojo fue sin previo aviso. “Ellos fueron con polícias, con abogados. Honecker quiere recuperar el predio que pertenece a la EBY. Nunca me llamó. Cuando entré a ese lugar era un predio muy abandonado y lo tuve que arreglar”, manifestó.

Según señaló, las máquinas aún no las pudo recuperar. “El día que fue esta gente con la orden del Juez Monte, no llevaron papeles. Era todo por palabra pero me dijeron que tenía que cumplir. Entonces yo les dije que no iba ir. Hice la denuncia en la comisaría, vino el Jefe y el Juez le dijo al comisario que iba a dictar una medida de no innovar. Que la gente que usurpó saque todas las cosas y yo no podía tocar mis cosas. Me trataron como una delincuente”, se quejó Weppler.

Puntualizó que la denuncia legal por “estafa” . “40 millones me estafó. En realidad lo que me alquiló figura en El Brete. La dirección dice Parma pero la dirección catastral, cuando se busca es El Brete. Me siento estafada”, apuntó.

En tanto, afirmó que le ofrecieron otro predio pero ese lugar tiene dueño, una empresa de Corrientes. “O sea me mandan a un predio y esa gente ya tiene un contrato de la EBY”, recordó.

“Hasta ahora estoy hablando con Martínez que está a cargo de los lugares. Me iban a dar un lugar en Candelaria. Después hablé con el marido de la Britez y me dijo que el contrato con Honecker lo van a sacar”, aseveró.

Posteriormente, dijo que su abogado iniciará un procedimiento de Jury contra el Juez Monte por presunto “mal procedimiento”.

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