La mutinacional ocupa casi la mitad de las hectáreas que le son reconocidas a la comunidad de Puente Quemado II.

Arauco es una multinacional forestal que opera en treinta países. En Misiones controla más de 230.000 hectáreas y acumula denuncias de campesinos y pueblos originarios por usurpación de tierras, contaminación y vulneración de derechos. En el municipio de Garuhapé, a 150 kilómetro de Posadas, mantiene un conflicto con la comunidad Puente Quemado II, del Pueblo Mbya Guaraní. «Los gobiernos y las empresas forestales destruyen la naturaleza. Los pueblos originarios cuidamos el monte y la selva, solo queremos que nos dejen vivir tranquilos en nuestro territorio», reclamó el cacique de la comunidad, Santiago Ramos. Desde la empresa dijeron que mantienen «comunicación abierta y fluida con 27 comunidades guaraníes vecinas, en cumplimiento de los marcos regulatorios nacionales e internacionales».

La comunidad Puente Quemado II vive desde inicios de la década del 70 en Garuhapé (departamento de General San Martín), en el centro oeste de Misiones. El relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el marco de la Ley Nacional 26.160, le reconoce la posesión ancestral de al menos 657 hectáreas. Territorio en el cual, desde hace casi dos décadas, padece la intrusión de la empresa Arauco con monocultivos de pinos y eucaliptos en 331 hectáreas.

Alcanza con recorrer la comunidad (o ver fotografías) para confirmar cómo la empresa invadió hasta escasos metros de las viviendas de la comunidad. «Arauco no quiere parar con el monocultivo. Nos sacan nuestro monte, nos secan los arroyos y dejan sin agua, nos tiran agrotóxicos y los niños enferman. No queremos más a la empresa en nuestro territorio», reclamó el cacique Ramos.

La comunidad está integrada por trece familias, 75 personas, desde bebés hasta ancianos. Desde hace años que denuncian el accionar de Arauco, pero dos hechos fortalecieron el reclamo. Los jóvenes Mbya se revelaron ante las continuas imposiciones y dádivas empresarias. Uno de ellos es el cacique Santiago Ramos, que consciente de los derechos –y en línea con los pedidos de toda la comunidad– exige el título de propiedad comunitario de las tierras que siempre habitaron y trabajaron. El otro punto de quiebre fueron los incendios del verano pasado. Los pinos, especie foránea, propagan el fuego mucho más que los árboles autóctonos. Las llamas arrasaron cientos de hectáreas y casi arden las viviendas de los Mbya.

Con el fuego ya apagado, la multinacional intentó volver a sembrar pinos. Y la comunidad no se lo permitió. Le asiste el «derecho a la consulta libre, previa e informada», vigente en normativas internacional de derechos humanos que Argentina suscribió (Convenio 169 de la OIT y Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

La comunidad notificó por escrito, tanto a la empresa Arauco como al gobierno de Misiones: «No estamos dispuestos a permitir que se sigan afectando nuestros recursos de subsistencia material y espiritual con la deforestación y el monocultivo. Requerimos que se abstengan de autorizar y o permitir cualquier tipo de intervención sobre nuestro territorio».

Desde el Área de Comunicación de Arauco destacaron, vía un breve comunicado, que la empresa «cree que el relacionamiento con las comunidades es fundamental para generar vínculos basados en el respeto, el diálogo y la participación. Arauco posee en Argentina más del 45 por ciento de sus tierras sólo dedicadas a la conservación. Como vecinos, también nos proponemos contribuir al desarrollo y crecimiento de las comunidades con relaciones de largo plazo».

El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) acompaña a la comunidad en sus reclamos. «Arauco casi que decide todo en las comunidades donde ingresa, y lo hace mediante la presión y poder que tiene. A la comunidad Puente Quemado II les dijo que no reclamen y les daba cinco metros más de tierra a cada familia. Y la comunidad se reveló», explicó el comunicador de Emipa, «Vasco» Baigorri. Afirmó que la multinacional mantiene numerosos conflictos en la provincia, entre ellos con las comunidades Andrés Guazurari, Alecrín, Guqvira Poty, Kokue Poty, Isla, Guavira Mi y Kokuere’i. En abril pasado marcharon hasta la Casa de Gobierno, en Posadas, y el lema principal fue contundente: “Fuera Arauco”.

El cacique Santiago Ramos resume qué les implicó a los Mbya Guaraní el modelo forestal: «Los monocultivos traen muchas consecuencias. Abajo de los pinares no crece nada, no tenemos árboles, no tenemos agua, no hay biodiversidad. Queremos la comunidad libre de monocultivo para recuperar el monte, las frutas nativas, la vida».

Arauco, o su otra figura jurídica local (Alto Paraná), es muy conocida en Misiones. Es propietaria de al menos el diez por ciento de la provincia (230 mil hectáreas). Ninguna empresa ni persona física de Argentina concentra tanta tierra en una sola provincia. En el municipio de Puerto Piray controla el 65 por ciento del lugar. Allí también tuvo denuncias y derrotas: la organización campesina Productores Independientes de Piray (PIP-UTT) luchó durante diez años, resistió desalojos y, mediante movilizaciones y acciones directas, logró la expropiación de 600 hectáreas, donde en la actualidad producen alimentos sanos de manera agroecológica.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) es un espacio de referencia internacional sobre los impactos de la industria forestal, a la que ubica como una de las caras del modelo extractivo. Como la megaminería, el agronegocio y la explotación petroleras –entre otras actividades contaminantes–, el WRM afirma que el monocultivo de árboles (pinos, eucaliptos y palma aceitera) implica desalojos, apropiación de tierras de campesinos y de pueblos indígenas, contaminación, impactos negativos en la salud y violación de derechos. El próximo 21 de septiembre se conmemora el «Día internacional de lucha contra los monocultivos de árboles», y una de sus frases de referencia es: «Los monocultivos forestales no son bosques».

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