«Algo no cierra» en las coincidentes contrataciones directas que realizó el Estado provincial con una misma empresa que provee de sistemas de vigilancia 911 y cámaras de seguridad ciudadana a varios municipios por intermedio del Ministerio de Gobierno, y por montos millonarios. Estos millones irían a manos de la firma Zoom Seguridad Electrónica sin que medie una licitación pública que transparente el negocio. Los legisladores Germán Bordón y Daniel González (ambos de la UCR) elevaron un pedido de informes para que el Gobierno explique por qué evita el procedimiento administrativo previsto por la Ley de Contabilidad, para definir el destino de estas importantes inversiones con dinero público, particularmente porque sospechan que existiría un vínculo cercano entre quien aparece como titular de la firma beneficiada y altos funcionarios de la renovación. Hace dos años, cuando González era concejal de Eldorado, había alertado sobre la maniobra que posibilitó esta operación en su localidad. Fue cuando la misma empresa colocó las 25 cámaras de seguridad por un monto superior a los 4,5 millones de pesos. El pedido de acceso a la información pública que tramitó entonces, nunca fue contestado por la cartera que conduce Jorge Franco. En la actualidad se encuentra en pleno proceso la colocación de veinte cámaras de seguridad en Puerto Rico por 3,5 millones de pesos con el mismo procedimiento de hace tres años: los comisarios inician el expediente y recomiendan la contratación, luego el ministro Franco hace el Decreto y autoriza la compra directa. «La misma Ley (de Contabilidad) establece que podrá contratarse directamente cuando circunstancias imprevisibles o razones de urgencia debidamente fundadas, no permitan esperar la gestión de una licitación», señalaron los legisladores en el pedido de informes, y sostuvieron que en ninguno de los casos detectados existieron estas «razones de urgencia» ya que los pedidos y trámites locales para poner las cámaras se iniciaron con dos años de anticipación, por lo menos. Sin embargo, en los decretos en los que Franco avaló e impulsó la adjudicación, justificó el proceso sin licitación «en atención al informe y notas periodísticas obrantes» sobre inseguridad. Otro de los puntos que no cierran, según los legisladores, es la comparación de los precios en  relación con lo que se pagó hace tres años: «En la contratación directa de un sistema de video de vigilancia similar, para la ciudad de Eldorado, la adquisición de 25 cámaras de seguridad y todo el sistema, se abonaron $ 4.600.000 en diciembre , y en esta oportunidad, de concretarse la contratación directa para la ciudad de Puerto Rico, se abonarían $ 3.544.700 por 20 cámaras». «La disparidad de precios, que si bien es cierto ahora es menor que la contratada hace casi 3 años atrás, nos permite dudar acerca de este mecanismo de contratación», señalaron. La contratación directa se autorizó por el decreto Nº 1910, que se conoció en su texto completo publicado en el Boletín Oficial. En el caso de las contrataciones, los decretos se publicaron en formato «sintetizado» y por un monto superior a los 18 millones de pesos en total. En cuatro localidades Zoom Seguridad es la empresa beneficiada con las contrataciones directas del ministro Jorge Franco. El dueño es Walter Otazú que según la constancia de inscripción en la Afip, en tanto le otorgó poder a su hijo para los negocios con el Estado. Éste, pasó el año pasado tramitando la colocación de las cámaras en Montecarlo, ocasión en la que explicó que «estas cámaras son de sistema inalámbrico, el mismo sistema que está funcionando en Eldorado y en Posadas”. Ahora se le sumaría Puerto Rico. «Corresponde recordar que el contrato de compra fue celebrado entre el Minist

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