Según deslizaron desde la Casa Rosada, enviará un proyecto de ley para que sea tratado en sesiones extraordinarias. El Presidente busca no caer en “desacato” pero que sea el Congreso el que defina de dónde salen los $ 110.000 millones para la restitución de fondos coparticipables ilegalmente cercenados a CABA en 2020.

En medio de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que se abrió por la decisión del Presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo de incumplir la cautelar dictada por la Corte Suprema contra la quita de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, ahora en el gobierno afirman que no quieren caer en el desacato, pero necesitan “generar” los $ 110.000 adicionales para la restitución de fondos que no estaba incluida en el Presupuesto 2023.

Según publicó Infobae, el Gobierno reaccionará en la última semana del año, luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema, que obliga a reponer parcialmente a la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que se le había quitado en septiembre de 2020, cuando el gobernador kirchnerista Axel Kicillof enfrentaba una revuelta de la Policía Bonaerense, por reclamos salariales.

Luego de atacar a la Corte Suprema, anticipando que iba a incumplir el fallo y recusar a los ministros del supremo tribunal, ahora el Presidente Alberto Fernández prepara un proyecto de ley, junto al ministro de Economía, Sergio Massa. El objetivo es que sea el Congreso el que defina de dónde se obtendrán los recursos para cumplir con la sentencia y pagarle al gobierno porteño, el dinero que ilegalmente le podaron en 2020, en plena pandemia del coronavirus.

De acuerdo con el citado portal, el texto será enviado en el transcurso de esta semana para que sea tratado con carácter de urgente. La propuesta sería que los $110.000 millones adicionales que precisa el Tesoro para cumplir con el fallo a lo largo de 2023 salga de un nuevo impuesto al juego. O bien, mantener el gravamen sobre las Leliq que venía cobrando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según había anunciado el jefe de Gobierno porteño, al recuperar los recursos de la coparticipación inmediatamente avanzaría con una reducción de impuestos. Por un lado, derogarían el 1,2% del gravamen a los sellos que se empezó a cobrar sobre las tarjetas de crédito emitidas en la ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, el gobierno de Rodríguez Larreta buscará reducir el impuesto a los Ingresos Brutos que se les cobra a los bancos por los intereses de las Leliq, devolviéndolo del 8% (nivel al que habían aumentado en septiembre de 2020) al 2,85 por ciento.

En el caso del impuesto al sector financiero, se trataría “simplemente” de mantener esta alícuota del 8% y no rebajarla justo en el año electoral. De esta forma, lo que deja de cobrar la Ciudad pasaría a rentas nacionales, según deslizaron desde la Casa Rosada.

La otra opción que manejan Massa y Alberto es gravar directamente los ingresos del juego o bien que el esfuerzo sea compartido por ambos sectores. En cualquier caso, la decisión del Ejecutivo es que sea el Congreso el que defina de dónde saldrán los recursos.

Desde Economía explican que la otra opción sería sacarle recursos a la provincia de Buenos Aires. Pero esto quedó completamente descartado porque el conurbano es el principal bastión del kirchnerismo y en 2023, el gobernador Axel Kicillof se juega todo a su reelección. En un año electoral, la quita de recursos al gobernador “camporista” sería letal para sus ambiciones. A pesar de la crisis, la pobreza en aumento y la pésima gestión, Kicillof se considera con chances de reelegir, porque no hay balotaje y la oposición se presentaría dividida.

Y vale recordar que el conflicto por la poda de recursos federales de CABA ocurrió en el contexto de una revuelta de la Policía Bonaerense que enfrentaba Kicillof. Muchos dirigentes señalaron que Alberto Fernández, le quitaba recursos a CABA para dárselos a provincia de Buenos Aires. Es decir, lo que le sacaban a Rodríguez Larreta, complicando su gestión, lo entregaban a Kicillof.

En paralelo al proyecto para aumentar impuestos, desde la Casa Rosada avanzarán en forma simultánea con una ofensiva judicial para ganar tiempo y no caer en desacato, mientras el Congreso define el esquema de financiamiento para el gobierno de Rodríguez Larreta.

Presentaría una apelación para poner efecto suspensivo sobre el fallo de la Corte, que es cautelar y no se expidió sobre la cuestión de fondo. Pero al mismo tiempo se abrirá una cuenta comitente en el Banco Nación, a la espera de la sentencia definitiva. Así se dejaría clara la voluntad de pago, evitando el desacato ante un fallo de la Corte Suprema.

De todas formas, la jugada política de solicitar que el Congreso trate en extraordinarias un aumento de impuestos para restituir fondos al distrito que gobierna Rodríguez Larreta –el precandidato presidencial mejor posicionado en las encuestas– podría dividir a la oposición. La posición de JxC y de los liberales es no dar quorum ni votar a favor de un aumento de la carga impositiva en el país.

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