A pesar de la proximidad del inicio de la temporada de verano, la política argentina atraviesa momentos de extrema tensión. Luego de una nueva filtración de chats presuntamente vinculados al ministro de Seguridad porteño, desde Juntos advierten la existencia de un operativo de desacreditación vinculado a la condena contra CFK y las elecciones 2023.

El fenómeno ocurrido tras la operación montada por el kirchnerismo cuando faltaban horas para difundirse la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad, vuelve a repetirse de una forma tan similar como llamativa.

Días atrás, un fallo de la Corte Suprema de Justicia obligó al gobierno de Alberto Fernández a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fondos que le había quitado de la coparticipación apenas asumió. Ahora, una nueva maniobra del oficialismo aspira a deslegitimar el fallo que ya no tiene instancias de apelación.

En ese marco, numerosos indicios sacaron a la luz la operación de los servicios de Inteligencia montada sobre chats de Marcelo D’Alessandro que, según se desprende de las pruebas, fueron editados e inventados con el objetivo de limar la imagen de los responsables de dictar recientes sentencias adversas contra el gobierno nacional e, indirectamente, de Horacio Rodríguez Larreta, quien se presenta como el principal competidor del kirchnerismo de cara a las presidenciales del 2023.

El objetivo del kirchnerismo, asediado por causas de corrupción y condenas por igual, es extender esta sombra sobre el resto del arco político, a partir de una concesión que no tiene ningún tipo de vínculo con el ministerio de Seguridad porteño según documentación oficial.

Un ejemplo paradigmático que confirma la edición de los chats para montar la operación se desprende de una filtración de mensajes con la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, donde se menciona una licitación de chalecos con fecha 3 de noviembre de 2022. Aunque efectivamente el ministerio de Justicia y Seguridad compró chalecos a través de un convenio con Fabricaciones Militares, un organismo que depende del gobierno nacional, la fecha de ese convenio fue en realidad del 20 de septiembre de 2022, es decir, dos meses antes de ese chat.

TAILHADE, DENUNCIADO COMO RESPONSABLE DEL MONTAJE

A raíz de lo sucedido, el ministro Marcelo D’Alessandro presentó una denuncia ante la Justicia apuntando contra Rodolfo Tailhade, un hombre clave del kirchnerismo dentro de la comisión de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, como víctima de maniobras de espionaje ilegal.

En ese marco, indica: “Con anterioridad a esta presentación formulé una denuncia de similar tenor ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo de las abrigadas sospechas que me generaba haber tomado conocimiento que fui víctima de un robo de identidad ante la prestadora de servicios telefonía correspondiente a mi abonado particular con el objeto de duplicar el chip de mi celular para así poder acceder a mis conversaciones privadas”.

D’Alessandro asegura que “pocos días después de haber formulado esa denuncia tomó estado público en redes sociales –específicamente en Twitter- que sujetos desconocidos estarían ofreciendo a la ‘venta’ el contenido de ‘chats’ supuestamente filtrados desde mi teléfono celular”. “Concomitantemente diversos periodistas hacían mención en esa misma red social a un sitio web donde podían consultarse esos supuestos chats filtrados. Llamativamente los primeros en tener acceso a las transcripciones de esas conversaciones (que en su mayoría se encuentran editadas y sacadas de contexto) fueron periodistas que responden a medios afines al partido político al que responde el actual gobierno nacional”, añadió.

En este contexto, respecto a los nuevos hechos, el ministro asegura: «Las maniobras de espionaje ilegal que seguidamente denunciaré seguramente son parte de un plan criminal sistemático dirigido a dañar ante la opinión pública no sólo mi imagen y reputación como ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino inclusive la de otros funcionarios y magistrados, que cumplen sus labores con honestidad y probidad en distintas áreas y poderes del gobierno”.

“Esta nueva denuncia se formula a raíz de los hechos de los que me anoticié a partir de una nueva publicación en la red social Twitter por parte del doctor Rodolfo Tailhade, quien no sólo hacía referencia en una entrevista radial de haber tomado conocimiento del contenido de nuevas conversaciones que atribuyó al suscripto, sino que inclusive y con total desparpajo, brindó a la opinión pública la dirección de un sitio web donde poder consultar esas conversaciones, cuyo contenido fueran o no reales, con lo cual, no podía desconocer dada su investidura el origen ilícito de las mismas”, sintetizó.

Y concluyó: “Dicho interrogante me llega a construir dos posibles hipótesis en las que el nombrado se encuentra claramente vinculado: su autoría en la vulneración de mi dispositivo telefónico y su posterior manipulación y/o adulteración de la información allí contenida; o su participación dentro de la organización criminal con el mismo plan delictivo”.

Entrada anterior Profesionales de ciencias económicas denuncian jubilaciones de miseria sin cobertura social
Entrada siguiente Las acciones de empresas argentinas trepan más de un 5% en Estados Unidos