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Cuando el 13 de enero pasado el Poder Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias desde el 23 de enero al 28 de febrero, lo hizo con una clara intencionalidad y con una agenda cuanto menos polémica.
Tenía como principal interés elevar la presión sobre el Poder Judicial y, de paso, abordar alguna que otra norma pedida por el ministro Sergio Massa para encarar con más herramientas la crisis económica que se vuelve a tomar velocidad.
Sin embargo, entre la lista de los 27 temas iniciales -que terminaron siendo 28- existían, y es necesario ponerlo en pasado, algunos temas de alta relevancia social.
Hoy, con los plazos casi vencidos y ninguna sesión concretada en todo el período convocado por el PE, urge criticar la indignante actitud del Congreso argentino, incapaz de hacer a un lado los intereses sectarios para ofrecer soluciones al país.
Proyecto para la modificación de la Ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial sobre “alcohol cero”; proyecto de ley tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud; proyecto de ley por el que se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; proyecto de ley por el que se establece un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales; proyecto de ley por el cual se crea el Plan de Pago de Deuda Previsional; proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales; proyecto de ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down; proyecto de ley por el cual se crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina; proyecto de ley por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
La lista es más amplia, pero estos ejemplos valen para advertir la cantidad de soluciones que los argentinos dejaron de tener por la indignante actitud del Congreso.
