El mandatario rubricó la decisión, oficializada este miércoles en el Boletín oficial; en la Casa Rosada relativizan un posible conflicto de poderes con la Corte Suprema, que ya desplazó a la magistrada rosarina de su cargo en el máximo tribunal penal del país
El presidente Alberto Fernández firmó este martes por la tarde el decreto con el que el oficialismo busca restituir a la jueza Ana María Figueroa en la Cámara Federal de Casación Penal. Se tuvo acceso al documento con el que se prorroga por cinco años el mandato de Figueroa, que fue removida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras haber cumplido 75 años, en agosto pasado. El movimiento del Poder Ejecutivo llega luego de que el último jueves el Senado dio acuerdo al pedido de prórroga de la excamarista en su cargo. La sucesión de movimientos anticipa un conflicto entre poderes. Este miércoles, la medida fue oficializada en el Boletín Oficial.
Para el kirchnerismo, Figueroa siempre fue una magistrada que jugó en sintonía y, hasta su remoción, se esperaba que fallara en favor de la vicepresidenta para mantener su sobreseimiento sin juicio oral en los casos Hotesur/Los Sauces y el pacto con Irán, que fueron reabiertos por los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
La firma de Fernández en el acuerdo para la prórroga de Figueroa en el máximo tribunal penal del país va en línea con la decisión de la Cámara Alta y abre un escenario en el que se marca un potencial escenario de conflicto institucional, ya que la Corte Suprema decidió hace poco más de tres semanas que Figueroa dejara de ser jueza, luego de haber cumplido 75 años. Se trata de la edad límite establecida por la Constitución Nacional para ejercer el cargo, a excepción de que se tenga previamente un acuerdo de la Cámara Alta. Como eso no sucedió con anterioridad a la fecha de cumpleaños y la magistrada se mantenía irregularmente en su cargo, el máximo tribunal tomó la decisión por unanimidad y así se lo comunicó al Consejo de la Magistratura.
Ahora, el Consejo recibirá el documento con la firma de Fernández; del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. A partir de la llegada del decreto al organismo se abre un escenario de final incierto.
En la tarde de este martes, poco después de conocerse la decisión presidencial, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se expresó sobre la designación de la exjueza. “La Constitución dice que los jueces al cumplir 75 tienen un nuevo acuerdo. Yo lo primero que dije fue ‘el Presidente tiene algunas facultades según la Constitución’. La Corte es lo mismo, puede hacer estas cosas. La Corte decidió por un acto administrativo jubilar una jueza, nosotros estamos cumpliendo con la Constitución. Yo creo que la Corte no tenía facultades para hacerlo, para apartar a la jueza, creo que tomó una decisión incorrecta que no está en sus facultades”, afirmó, en declaraciones a la señal A24.
Como telón de fondo, en el caso de Figueroa se viene manifestando desde hace meses la presión del kirchnerismo, que intentó en más de una oportunidad lograr el acuerdo que mantuviera a la jueza en su cargo antes de cumplir la edad límite de 75 años. En su vocalía la entonces camarista tenía el expediente que acumuló los casos Hotesur/Los Sauces, que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a su hijo, Máximo Kirchner. Florencia, la hija menor, fue desvinculada del expediente recientemente. La exjueza participaba también en la definición del caso por el memorándum de entendimiento con Irán, que motivó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y exfuncionarios de su presidencia, a los que acusó de buscar beneficiar a los iraníes sospechados de participar en el atentado contra la AMIA.
Hotesur/Los Sauces es uno de los casos más sensibles para la exmandataria y sobre el que, luego del corrimiento de Figueroa, fallaron sus compañeros de Sala, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Los camaristas votaron por la reapertura del caso, lo que fue apelado por la exmandataria.
Desde Casa Rosada relativizaban en los últimos días tanto el peso del caso en la voluntad del oficialismo de mantener a Figueroa en el cargo, así como que pueda existir un potencial conflicto de poderes. “No se entiende por qué se metió en su momento la Corte, porque hubo otros casos similares y nunca se metieron”, aseguraron las fuentes consultadas, la última semana. Las mismas agregaron que “acá interviene el Senado, el Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura: ellos no tienen nada que ver, aunque de esta Corte se puede esperar cualquier cosa”, decían por un lado. En tanto, sobre el caso Hotesur/Los Sauces minimizaban el peso del voto de la exmagistrada. “Ya se hizo la votación y aunque no estuvo Figueroa, hubiera salido 2 a 1, con lo cual ya está. No se entiende por qué mezclan todo”, sostenían.
Sin embargo, la mirada no es compartida. Desde el punto de vista político, si Figueroa vuelve a Casación el kirchnerismo lograría obturar esa vacante en el máximo tribunal penal del país, al menos cinco años más. Y para la situación judicial de Cristina Kirchner, las consecuencias de esta decisión sobre Hotesur y Los Sauces aún no están claras: podrían demorar el trámite del juicio oral y público que la Casación ordenó realizar -sin el voto de Figueroa- o incluso motivar que la actual Corte Suprema no pueda volver a pronunciarse sobre el caso, ya que cesó a la magistrada. Al menos eso espera el kirchnerismo, pese a que el máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo del expediente Hotesur/Los Sauces ni el memorándum de entendimiento con Irán.