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En los próximos días la vicepresidenta firmará un nuevo decreto. Juntos por el Cambio exigía retomar la normalidad en el funcionamiento de la Cámara alta. Cuáles serán las condiciones.
Luego de que la oposición intensificara la presión para retomar el funcionamiento normal en el Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner aceptó volver a la presencialidad y en los próximos días firmará un decreto en ese sentido, con el objetivo de sesionar la semana próxima.
Cristina había extendido hasta noviembre el funcionamiento mixto (presencial y virtual), lo que despertó críticas de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, en momentos de apertura de actividades y de flexibilización de las medidas sanitarias contra el Covid.
Las dos bancadas de la oposición habían formulado el reclamo a través de una nota, e incluso Juntos por el Cambio resolvió no participar esta semana de la última reunión de comisión, donde se debatieron los proyectos para declarar a internet y a la telefonía como servicios públicos.
“En el actual contexto donde se ha retornado a la presencialidad escolar en todo el país, se habilitan espectáculos deportivos con público, están funcionado los vuelos a las distintas provincias y los demás poderes del Estado han regresado a la presencialidad, no vemos motivo para prorrogar el funcionamiento remoto”, plantearon.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, había adelantado la voluntad del Frente de Todos de rediscutir la vuelta a la presencialidad, y finalmente Cristina decidió volver sobre sus pasos y abandonar la virtualidad, aunque con dos condiciones.
Para poder ingresar al recinto, los legisladores deberán estar vacunados con las dos dosis de la vacuna contra el Covid, y además deberán realizarse un test rápido antes de la sesión.
La intención del Frente de Todos, según se anunció, es sesionar la semana próxima (la última vez que hubo actividad en el recinto fue el 19 de agosto) para tratar proyectos acordados, aunque aún no se elaboró el temario definitivo.
Entre los temas pendientes figuran la prórroga hasta 2025 de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, para evitar desalojos en esas tierras; una declaración conjunta sobre el conflicto diplomático con Chile por la plataforma continental; y la creación del Parque y Reserva Nacional Islote Lobos, en Río Negro.
