El gobierno gastará $2 millones en charlas sobre “lawfare”, para justificar a Cristina Kirchner

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Las jornadas son organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Catering y streaming VIP.

Los días 2 y 3 de diciembre de 2021 se realizaran unas “llamativas” jornadas sobre el supuesto “lawfare” en América Latina. Uno de los tópicos que se abordarán es la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner.

El Evento contará con la presencia de abogados, funcionarios y periodistas afines al kirchnerismo, además de representantes de ex-presidentes como “Lula” Da Silva (Brasil) , Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales /Bolivia) y Nicolás Maduro (preside Venezuela), se llevará a cabo en el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA).

El término “lawfare” que quiso imponer, sin éxito, el kirchnerismo, se refiere a una guerra jurídica (traducción de la palabra inglesa ), creada para definir el ataque contra oponentes políticos utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar una pantalla de legalidad.

Para organizar el evento, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia a cargo de Martin Soria, desembolsará $1.700.000 para gastos como servicios de sonido, audiovisual, streaming y catering del encuentro.

La erogación con fondos públicos con el mero objetivo de defender a la vicepresidenta asciende a casi $2 millones, ya que para la transmisión y difusión de la jornada se gastarán $1.495.000, según datos oficiales del sitio comprar.gob.ar.

Uno de los ejes que deja al descubierto el motivo de la cita en la ex-Esma, es “Persecución judicial, garantías penales y opinión pública: un análisis sobre las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner durante el período 2015-2019”.

Participarán también de la reunión “ultra K”, entre otros, Cristina Caamaño (interventora de la AFI), Eduardo Barcesat (abogado de Madres de Plaza de Mayo) y Maximiliano Rusconi (abogado de Julio De Vido).

Esta versión conspirativa acuñada como “lawfare”, que no existe y ni está determinado en ningún Código Penal en el mundo, la sostienen unos pocos pero la pagamos todos.

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