¿Hay Plan B si se desmadra la situación social? ¿En qué está pensando el Gobierno con la puja distributiva y el aumento de protestas en las calles?

Con la disparada de la inflación, la puja distributiva se trasladó a las calles porteñas y generó la unidad de piqueteros oficialistas y opositores y la CGT en un solo reclamo que parece ser apoyado por el mismo Gobierno.

La Casa Rosada analiza distintas estrategias para definir de dónde sacará la plata para financiar nuevas medidas relacionadas con el aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales, para contener la crisis social, en medio de la restricción de divisas y la incertidumbre de los mercados que marcaron nuevos récords a 15 días de los cambios en el Ministerio de Economía.

En estricto hermetismo, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa mantuvieron el miércoles la tercera reunión a solas en la residencia de Olivos y analizaron cómo sigue la coalición de gobierno después de la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, con remarcaciones de precios que superaron el 40% en algunos rubros y se verá reflejado en la inflación de julio.

El dilema es cómo financiar el Ingreso Básico Universal y nuevos aumentos salariales (¿será por ley del Congreso o Decreto de Necesidad y Urgencia?) cuando el Gobierno apenas pudo esta semana con la nueva ministra Silvina Batakis, mostrar capacidad de canje de la deuda pública local y sigue negando la influencia del dólar blue en la economía real.

El Gobierno intenta hacer equilibrio entre las demandas de empresarios que temen un parate de la producción por falta de dólares para la importación de insumos y la protesta social.

Pero patea la discusión por la recomposición de ingresos para agosto. Ese mes se convocó al Consejo del Salario. El presidente Alberto Fernández prometió a los movimientos piqueteros una reunión la semana que viene con la ministra Batakis.

La discusión con los empresarios y el «ejército de codiciosos»

La vocera Gabriela Cerruti estrenó esta semana una nueva chicana para descalificar a los empresarios que remarcan los precios ante la suba del dólar blue: «Ejército de codiciosos», los denominó echándoles una vez más la culpa de la inflación.

En ese clima enrarecido, con los rumores latentes sobre nuevos cambios de gabinete, niegan en la Casa Rosada que la situación afecte al propio presidente y atribuyen los rumores de una posible renuncia a un «plan de desestabilización» de la oposición en el que ahora también incluyen a los medios de comunicación.

«El presidente está bien, mantiene contactos con todos los ministros gobernadores e intendentes. Sigue cerca de la gente visitando barrios y fábricas del conurbano»dijeron a A24.com desde el entorno que lo suele acompañar en las recorridas por el conurbano.

Pero la incertidumbre sobre cómo seguirán las fábricas de productos no esenciales después de septiembre es total.

En conversaciones privadas con proveedores de sectores industriales como fabricantes de cubiertas, automotrices y de electrodomésticos, los empresarios advierten sobre una inminente crisis de abastecimiento de productos si se mantienen las restricciones a las importaciones de insumos y creen que los días están contados.

El Gobierno les dijo que no les entregará dólares para pagar importaciones hasta septiembre y deberán aguantar con el stock de insumos que tienen hoy, para seguir fabricando». No descartan que esa situación se extienda hasta fin de año.

Con Scioli y Batakis a la cabeza, el Gobierno decidió que la prioridad para habilitación de importación de insumos sigue siendo para las industrias alimenticias y las energéticas. El Banco Central flexibilizó este viernes el cepo cambiario para ambos sectores y sumó a segmentos vinculados con la fabricación de productos para el agro.

El mayor dilema del Gobierno: cómo financiar la crisis social

Paralelamente, el campo cumplió su primer paro parcial, y presiona con no liquidar dólares de exportaciones en reclamo de liberación de importaciones y que no haya más impuestos.

La discusión está trabada en el Congreso y por eso desde sectores ultra kirchneristas como Andrés «Cuervo» Larroque y Juan Grabois, presionan a Alberto para que firme por decreto la creación del Salario Básico Universal de $16000 para 7,5 millones de trabajadores informales o desocupados. También le piden aumentos salariales o bonos fijos de $20.000 por decreto. Ese gasto no estaba contemplado en el acuerdo con el FMI.

El reclamo se vio en las puertas de la Casa Rosada con la amenaza de acampe de Unidad Piquetera a la que se plegaron movimientos sociales oficialistas.

Un influyente intendente del PJ del conurbano, Alberto Descalzo, de Ituzaingó, dijo a A24.com que «en este momento no hay peligro de explosión de la crisis social» y pidió darle tiempo a la nueva ministra de Economía.

Pero los intendentes del PJ en general coinciden en que la solución inmediata para evitar la explosión del conurbano, es que «anuncien aumentos de salarios a los trabajadores de sectores medios y bajos que están cayendo en la pobreza porque no llegan a fin de mes», y sobre todo «frenar los aumentos de precios y la inflación».

En un mensaje de equilibrio para calmar la incertidumbre de los mercados, la Casa Rosada esta semana volvió a negar un aumento de retenciones a las exportaciones al campo y reclamó que el Congreso -llámense Sergio Massa y Cristina Kirchner, pero también la oposición- trate de manera urgente el viejo proyecto de Guzmán para crear el nuevo impuesto a la «renta inesperada».

El Plan B: ¿pedir ayuda a Biden para negociar más financiamiento del FMI?

Silvina Batakis se comprometió a continuar con los objetivos del programa del FMI

Silvina Batakis se comprometió a continuar con los objetivos del programa del FMI

¿La espiralización de la inflación, y como efecto directo, de la crisis social podría forzar una renegociación con el FMI y buscar más financiamiento para la crisis? Es una hipótesis que manejan desde un sector del gobierno, pero bajo la mirada atenta del FMI. Batakis y todo el gobierno salieron a ratificar que la intención es cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal acordadas en marzo con el Fondo y evitar el default.

Por ahora ese tema -según respondió Cerruti a A24.com- no está en la agenda oficial que llevará Alberto Fernández a la primera cumbre bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que lo recibirá el 26 de julio en visita oficial en la Casa Blanca, Washington DC.

Desde el kirchnerismo, un influyente funcionario señaló a este portal que «en realidad el Plan A» del Frente de Todos es apelar a una nueva integración sudamericana. Esperan que gane Lula Da Silva en Brasil en las elecciones de noviembre para en 2023 avanzar en el fortalecimiento del Mercosur y en una moneda común para la comercialización interregional, lo que parece a esta altura, el nombre de un film de ciencia ficción.

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