Por Los centros de detención de menores permanecen en el ojo de la tormenta. Mientras tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, no da respuestas y los sindicatos miran para otro lado.
El estado de los centros de detención de menores no solo es preocupante para la salud y la integridad de los internos. Los jóvenes allí alojados para su reinserción social, en su mayoría a raíz de delitos graves, viven asediados por roedores y pésimas condiciones edilicias.
Como contracara, desde el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se niegan a dar respuestas en torno al pago de horas extras, cuyas planillas desaparecen sin mayores explicaciones junto al dinero asignado para su efectivización, según denuncian los propios agentes.
Luego de diversas publicaciones que dieron cuenta de los maltratos y aprietes sufridos por los empleados del organismo, las autoridades llegaron incluso a amenazar con intervenir los teléfonos para dar con quienes se animaran a hablar sobre el tema con los medios. En ese marco, se conoció un comunicado de agentes de la unidad 56 de Virrey del Pino.
Allí, los empleados sostienen que son los internos quienes manejan el penal a fuerza de violencia, facas y demás armas elaboradas por ellos. Recientemente, según narraron, uno de los jóvenes detenidos golpeó fuertemente en la cabeza a uno de los trabajadores, que terminó gravemente hospitalizado.
En un pedido de auxilio, los miembros del instituto de Virrey del Pino dan cuenta de la crisis que atraviesa el sector: “Daniel Farías, el asistente que acaba de recibir un palazo en la cabeza, salió sangrando y sacó ART. Es uno más de los tantos que sufren el flagelo del día a día en éste dispositivo. Los asistentes de minoridad son constantemente amenazados y hay una diáspora pidiendo traslado a cualquier otro destino”.
Cansados de no ser escuchados y con miedo a ir a trabajar debido al gran descontrol que se vive dentro de este centro, los agentes reclaman su intervención judicial. Mientras tanto, la violencia no cesa y se niegan a realizar las guardias por temor a ser golpeados o cortados, y temiendo que la situación se descontrole aún más.
“La tumba”, como vulgarmente se lo conoce a este centro que aloja a más de veinticinco jóvenes, hoy se ha convertido en una grave amenaza para sus trabajadores, quienes ya no saben a quiénes recurrir. Por lo pronto, se limitan a contar las horas de trabajo temiendo lo peor.
