Ocho de cada diez argentinos creen que serán afectados por el ajuste de Milei

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Se trata de un informe nacional que elaboró la consultora Zuban Córdoba y Asociados que relevó las percepciones de la ciudadanía a días de la asunción del sucesor de Alberto Fernández. Además, la confianza en el nuevo gobierno se encuentra polarizada entre aquellos que descreen de su capacidad de gestión y quienes sí son optimistas.

Sobre 1.400 casos recabados a nivel nacional mediante tecnología CAWI (Computer-assisted Web Interviewing), realizados entre el 13 y 14 de diciembre, la consultora relevó las imágenes de los principales dirigentes del país. El flamante presidente Javier Milei continúa con mayor imagen negativa (50,1) que positiva (48,3), cifras similares a su vicepresidenta Victoria Villarruel (-49,8/ 48,7). Por su parte, la funcionaria del actual gobierno más ponderada es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un diferencial de ocho puntos a su favor: 53,5 a 45,6. 

En cuanto a otros políticos, el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti también tiene una brecha positiva en su imagen: 49,7 a 41,7. Por el lado opositor, los tres dirigentes sondeados poseen diferencial negativo, siendo el gobernador bonaerense Axel Kicillof el menos castigado: 43,7 a 55,2. En tanto, el ex candidato a presidente, Sergio Massa, y la reciente vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuentan con más de 20 puntos porcentuales en su contra: 38,5/ 61,0 y 39,2/ 59,5, respectivamente. 

Otros funcionarios nacionales medidos, todos con una brecha negativa, fueron la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei (39,1/ 50,5), el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo (34,0/ 57,0), el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse (26,6/ 31,3) y el ministro del Interior, Guillermo Francos (24,9/ 29,2); estos últimos dos ostentan un gran nivel de desconocimiento en la ciudadanía: 32,9 y 33,3, respectivamente. Además, el ex presidente Mauricio Macri fue el peor catalogado de toda la clase política, con 37,1 de imagen positiva contra el 60,9 de negativa. 

Por otra parte, consultados por las causas de los “brutales aumentos” en los precios de los productos esenciales en los últimos 10 días, el principal responsable fue el gobierno del saliente presidente Alberto Fernández (48,8), seguido de la actual gestión libertaria con 31,6; además, el 18,9 adujo una “responsabilidad compartida” para ambos. En cuanto al tiempo dispuesto a darle al flamante ejecutivo para que genere los cambios que propuso en la campaña, la mayoría (32,6) dijo “todo su mandato”; el 27,4 optó por “tres meses”, el 10,6 “seis meses”, el 9,6 “un año” y el 9,3 “dos años”.  

En torno a la confianza depositada al gobierno de Milei, el 50 por ciento descree de su gestión entre el 38,5 por ciento que le genera “mucha desconfianza” y el 11,5 “desconfianza”; caso contrario, al 31,6 le transmite “mucha confianza” y al 17,1 “confianza”. También preguntaron por el grado de optimismo sobre el gobierno libertario, y aquí la ecuación se invierte entre el 51,2 que deposita su esperanza (36,6 “mucho optimismo” y 14,6 “algo de optimismo”) y el 46,3 que se muestra pesimista (40,0 “mucho pesimismo” y 6,3 “algo de pesimismo”). 

Asimismo, el 72,4 por ciento considera que con el nuevo gobierno va a haber más represión, más concentración de la riqueza (59,5), más seguridad (53,3), más especulación financiera (52,9), más transparencia (50,9), más pobreza (50,7), más honestidad (49,5), más privilegios ricos (48,8) y más deuda externa (47,6). En tanto, para el 49,2 habrá menos educación pública, menos privilegios políticos (53,2), menos igualdad (50,3), menos salud pública (49,8), menos narcotráfico (51,5) y menos universidad pública (53,9).

POLÍTICAS PÚBLICAS

En relación a las políticas de ajuste, un contundente 78,8 por ciento piensa que será perjudicado y tan solo el 13,1 afirmó que “no” lo afectará; otro 8,2 “no sabe”. Finalmente, el 50,7 por ciento está de acuerdo en seguir apoyando a Milei por más que aumente la luz, el gas y el transporte; lo mismo sucede con el 57,5 en caso que el presidente congele los sueldos en un contexto de hiperinflación y el 61,1 si el mandatario privatiza la salud pública. 

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