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La lista de dirigentes políticos o familiares que son interventores de un Registro Automotor es interminable e incluye a funcionarios tanto del oficialismo como de la oposición.
Tal como se mostró hace unos días, el listado de amigos, parientes y parejas de funcionarios que manejan registros automotores es casi interminable y, como legalmente no existe irregularidad, cada tanto se actualiza, pero no se reduce. Según un reciente conteo, son 1555 los departamentos de registros automotores en todo en territorio nacional y, al menos, 73 de ellos tienen como titular a un familiar, amigo, concubino y/o vecino de un funcionario público.
Pero no solo dirigentes aún en funciones gozan de esta caja estatal, sino también expolíticos. Por ejemplo, el exministro de Justicia de la Nación (1997-1999) Raúl Granillo Ocampo, dejó a su hermana, Adriana Mercedes como encargada del Registro Nro. 2095 ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque no éste, pero sí otros nombramientos que exigió el exministro, quedaron anulados tras algunas recriminaciones internas.
Según un decreto firmado en 1989, en base a otro de 1958, quienes sean designados a ocupar la titularidad de un Registro podrán conservar su puesto de por vida, siempre y cuando cumpla con un examen de revalidación y no haya pedidos de apartamiento (por mal desempeño) dentro del departamento que comanda. Esto permite que muchos se perpetúen en el cargo, aunque algunos renuncian en caso de presentarse a elecciones como candidato.
También, el exministro del Interior de la era Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo, regaló a su hermano una dependencia para su disfrute, la Nro. 25024 ubicada en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.
La esposa del abogado de Aníbal Fernández, Analía Dreyer, también se sumó al listado desde al menos hace tres años. La esposa del íntimo amigo y profesional que trabaja con el ministro de Seguridad de la Nación es encargada del registro Nro. 1289 ubicado en la localidad de Quilmes.
Aunque la polémica no se limita a ministros y exfuncionarios peronistas, también Juntos por el Cambio está envuelto. Por ejemplo, el actual presidente del Pro en Córdoba, Óscar Agost Carreño, trabajó como subdirector nacional de Registros de la Propiedad Automotor de Créditos Prendarios, desde 2016 a 2019. Tras finalizar su gestión, dejó a cinco amigos con la titularidad de un registro cada uno.
Alejandro Hernán Kuznitsky en San Francisco (Córdoba); Jorge Alejandro Rigo en la sede 4022 ubicada en la localidad de Mina Clavero; Alejandro José Reale en el registro 4021 en Marco Juárez y Mariano Ernesto Liebau en la sede 4020 ubicada en Vicuña Mackenna. Todas las designaciones en la provincia de Córdoba.
Por último, la amiga del diputado nacional Carreño, María Laura Rodríguez Rudellat, también fue beneficiada con un registro. En este caso, el 4089, ubicado en La Calera.
LA PROPUESTA DE JXC
Ante la repercusión del escándalo que viene siendo denunciado desde hace al menos diez años, una diputada electa que asume este miércoles advirtió que elevará un proyecto para eliminar los 1555 registros automotores que están en el país. La legisladora Patricia Vásquez, de Juntos por el Cambio, adelantó que este será su primer proyecto dado que lo considera una urgencia: «No damos más con los curros», expresó.
La medida fue anticipada vía TikTok y logró un gran apoyo por parte de los electores de Juntos y también de militantes de Javier Milei. «Quiero eliminar los registros automotores, quiero terminar con esta burocracia y este curro de la política», fueron las palabras de Vásquez.
Según indicó la dirigente, en ningún otro país existe la intermediación que permiten en Argentina que los registros automotores generen más de 60.000 millones de pesos: «El 6 por ciento del valor de lo que transfieras se los llevan impuestos y formularios. Basta, no damos más con esto», aseveró.
El proyecto contemplará la eliminación de los registros y promoverá un único arancel que no variará el valor dependiendo del valor del vehículo. Así como también, la facilitación de trámites online.
«Nosotros proponemos un registro único nacional y digital que reúna la base de datos de embargos, denuncias de robos, deudas de patentes y multas de tránsito. Y lo más importante es que desde una plataforma digital se elimina la intervención de un estado ineficiente y los negocios de los registros automotores, entregados como prenda política desde el año 1958. Por lo que se les acaba el curro a los titulares de los registros automotores que se tendrán que dedicar a otra cosa», remarcó en diálogo con el medio MDZ.
Por último, la congresista denunció que hay muchos funcionarios y amigos del poder que «llevan años cobrando una fortuna». «El año pasado facturaron más de 60.000 millones de pesos y se quedaron con el 70 por ciento de lo recaudado. Sé que este proyecto estoy pateando el kiosco de muchos amigos de la política, que con este curro armaron pymes por las que cobran fortunas por ser intermediarios del estado en perjuicio de los ciudadanos», concluyó.
